Escribo estas líneas no desde el simple eco de la frustración electoral, sino desde la preocupación legítima por el rumbo que toma la política del país y sobre todo la política cultural. Hace unos días llegó a mis manos —como a tantos otros agentes culturales— el borrador del plan sectorial del gobierno electo: Firmes con la Cultura (2026-2030). Aunque formalmente se trata de un documento de trabajo, hoy por hoy es el único referente real con el que contamos para anticipar cómo se pretende legislar. Y lo que se lee allí, sumado a las recientes declaraciones públicas de sus coordinadores, nos ubica en un momento bisagra: un escenario complejo donde las prácticas artísticas independientes, que siempre han transitado entre la autogestión y la subsistencia, quedan en una posición de extrema vulnerabilidad.
Hace apenas unos días, Andrés Jaramillo, jefe de empalme del sector cultural para el gobierno entrante, anunciaba con entusiasmo refundacional la promesa de construir “un Ministerio verdaderamente descentralizado que construya la política cultural de las regiones y desde las regiones y no desde un escritorio en Bogotá”. Esta afirmación, de entrada, resulta preocupante por su carga de amnesia selectiva. Presentar la descentralización como un descubrimiento de campaña es un intento flagrante de invisibilizar y borrar el acumulado técnico y social de los últimos años. Significa ignorar adrede que el actual Plan Nacional de Cultura 2022-2032 (“Cultura para la protección de la diversidad de la vida y el territorio”) o la reciente formulación del Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales se cimentaron justamente en asambleas territoriales, laboratorios regionales y consultas directas en los municipios. Decir que hoy se legisla desde un «escritorio en Bogotá» es una bofetada a los miles de gestores, portadores de tradición y creadores regionales que por fin encontraron canales directos de interlocución con el Estado. No es falta de información; es una estrategia deliberada de tabula rasa institucional para justificar el desmantelamiento de lo público.
En esa misma línea, Jaramillo asegura que buscarán una gestión “sin activismos ni panfletos rimbombantes vacíos”. Detrás de este uso peyorativo del lenguaje se esconde el verdadero peligro ideológico del modelo que se avecina: la despolitización y domesticación del arte. Calificar de “activismo” la priorización de los derechos culturales, la dignificación de las comunidades históricamente excluidas y el reconocimiento del arte como una herramienta de memoria viva en los territorios, es el primer paso para vaciar de contenido social al Ministerio. Lo que la tecnocracia entrante tacha de “panfleto” es, en realidad, la incómoda insistencia de un sector que se niega a olvidar y que exige que las prácticas artísticas no se reduzcan a un mero insumo decorativo para las industrias del entretenimiento.
El núcleo del discurso de la nueva administración revela su mayor contradicción cuando promete un ministerio que “no fomente la precariedad ni perpetúe la convocatoria anual como única fuente de subsistencia”, para pasar de inmediato a definir al creador colombiano exclusivamente como un “profesional, titular de un proyecto de valor cultural y económico, capaz de generar empleo, riqueza y propiedad intelectual”. Por supuesto que el artista merece vivir dignamente de su trabajo. Pero diagnosticar la precariedad estructural del sector para luego recetar el mercado y las industrias creativas como única salvación es un acto de profundo cinismo institucional.
Al revisar con lupa las propuestas políticas para el cuatrienio 2026-2030, plasmadas en el plan cultural de De La Espriella y las palabras del líder de empalme de gobierno es imposible no sentir una profunda alarma ética. Asusta y mucho ver cómo se reactiva un enfoque corporativo implacable que amenaza con borrar del mapa la supervivencia de las artes y los saberes en las regiones. Su idea central aterra: propone marchitar el apoyo directo que da el Estado mediante convocatorias públicas, tachándolas despectivamente de promover la «mendicidad» o la «dependencia», para volcar todo hacia los incentivos fiscales y la voluntad del inversionista privado a través de CoCrea y una nueva «Agencia de Industrias Culturales» donde se reconocen solo dos disciplinas el audiovisual y la música como industria, las otras disciplinas se arrojan al olvido. Es el reencauche de la «Economía Naranja», volveremos a rendir el jugo de naranja o a pensar en Blancanieves y los 7 enanitos. Da pánico pensar en la segunda venida de esa estrategia neoliberal que ya fracasó estrepitosamente en Colombia y dejó fracturas profundas en nuestro tejido artístico. Recordamos que nos quisieron meter a la fuerza en el molde del «emprendedor de sí mismo», exigiéndonos ser empresarios cuando somos creadores independientes, mientras los alivios tributarios iban a las multinacionales del entretenimiento comercial. Al final, el proceso de pensamiento, la experimentación y el valor de la creación fueron reducidos a un simple código de barras.
Para justificar este giro radical hacia la privatización del fomento, Jaramillo invoca los modelos de Corea del Sur y Francia como faros de desarrollo, asegurando que crearán las herramientas para que “la Banda Sinfónica de Samacá pueda viajar al WMC sin necesidad de hacer posts en Facebook pidiendo apoyo”. Es un argumento efectista, pero tramposo. Utilizar a Francia o a Corea del Sur para defender un modelo de desmonte de los apoyos directos del Estado es una contradicción técnica insostenible. Ambos países basan el éxito y la potencia de su sector cultural en un proteccionismo estatal feroz, en gigantescas inyecciones de presupuesto público directo y en un control institucional estricto sobre el mercado, no en la filantropía corporativa ni en los incentivos fiscales que propone De la Espriella desde su plan de cultura. Si, la banda de Samacá —o cualquier colectivo artístico del país— no debe mendigar en redes sociales para poder circular, la solución pasa por fortalecer y blindar presupuestalmente los fondos públicos descentralizados, no por tercerizar el fomento cultural a través de fiducias y exenciones tributarias que terminan favoreciendo a las grandes cadenas del entretenimiento comercial.
Mirar este panorama con rigor exige contrastarlo con las realidades materiales de nuestro sector. No se puede implementar una fórmula netamente corporativa ignorando que, según los registros oficiales del campo cultural, el 70% de sus agentes y trabajadores culturales carecen de afiliación al sistema pensional y solo el 45% de sus agentes culturales se encuentra cobijado, bien sea por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado, la respuesta del Estado no puede ser quitarles la red de apoyo de los estímulos públicos para obligarlos a convertirse por la fuerza en «emprendedores de sí mismos». Las artes plásticas, visuales, la literatura y los procesos comunitarios simplemente no operan bajo la lógica corporativa de generar dividendos a corto plazo.
Trasladar la responsabilidad del desarrollo cultural a la empresa privada en un contexto tan precarizado evidencia una profunda distancia frente a las realidades territoriales. Las artes plásticas, visuales y de la materia simplemente no operan bajo la lógica de una línea de ensamblaje industrial o de contenidos seriados para plataformas de streaming. Nuestro circuito comercial local es pequeño; las poquísimas galerías estables hacen maromas enormes para sostener la circulación de sus representados sin un respaldo estatal real. El artista independiente asume los costos de producción e insumos de su propio bolsillo, y ahora se le pide que compita bajo las reglas del patrocinio empresarial.
Aquí radica el verdadero riesgo del modelo CoCrea cuando se convierte en el eje central de la política pública: la viabilidad del arte crítico. Cuando la financiación del arte y la cultura pasa a depender de que una empresa privada busque deducir impuestos, y que la naturaleza del pensamiento crítico del arte se vea en peligro real, no solo de una censura explícita, sino la implantación de una sutil «censura blanca», donde los artistas, museos y las instituciones se vean empujados a ajustar sus líneas de creación y curatoriales para no incomodar al patrocinador de turno. Es una estrategia involuntaria de domesticación de las narrativas históricas y de la resistencia estética en las regiones.
Por otra parte, sorprende el vacío del plan frente a los debates contemporáneos más apremiantes. Mientras que «Firmes con la Cultura» enuncia la Inteligencia Artificial simplemente como una industria a explotar, guarda un silencio absoluto sobre la defensa de los derechos de autor de los creadores locales, la protección del patrimonio vivo y los mecanismos de amparo frente al apropiacionismo de las artes, las culturas y los saberes por parte de las industrias globales.
Frente a este horizonte de privatización y olvido simulado, la tarea inmediata del sector es rodear y defender lo público, reivindicando los procesos de planificación democrática a largo plazo, como el Plan Nacional de Cultura. Es momento de proteger estructuras históricas que garantizan la descentralización real de las artes plásticas y visuales: los Salones Regionales de Artistas, el Salón Nacional y las bolsas de Estímulos y Concertación. Debemos cuidar la continuidad misional del Museo Nacional, el Museo de Memoria de Colombia, el Museo Afro y las infraestructuras museales en las regiones así como el Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales que está ad portas de ser socializado por la actual administración.
Asimismo, es vital proteger el patrimonio y la infraestructura descentralizada que el Banco de la República sostiene a través de sus espacios culturales en las regiones.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá falencias y deudas históricas que debemos seguir discutiendo con rigor, pero su carácter público y su obligación constitucional de salvaguardar el arte no pueden ser sustituidos por el filtro de fiducias ni descuentos corporativos de turno. La materia y la imagen son herramientas de pensamiento y memoria; no permitamos que se reduzcan a una simple mercancía fiscal.
2 comentarios
Leo el texto de Elena Salazar y me detengo en la invitación con la que termina: rodear lo público. Antes habría que preguntarse qué es exactamente aquello que se está rodeando.
El artículo toma como punto de partida «Firmes con la Cultura», un documento que la propia campaña presenta como borrador. A partir de ese texto construye un pronóstico bastante definitivo. Sin embargo, con Abelardo de la Espriella ya confirmado por el CNE y la posesión prevista para el 7 de agosto de 2026, ese programa todavía no ha pasado por el Congreso ni por una discusión presupuestal. Hay una distancia entre un documento en elaboración y las decisiones que finalmente adopta un gobierno. El mismo esfuerzo por separar el análisis de la «frustración electoral» deja entrever que esa distancia también está presente en el texto.
Luego aparece el título: «Segunda venida», «reencauche», «¿Duque eres tú?». La Economía Naranja fue la política insignia del gobierno de Iván Duque entre 2018 y 2022, aunque la Ley 1834 es anterior, de 2017. El recurso al nombre de Duque funciona más como un reconocimiento inmediato que como una demostración. La continuidad entre ambos proyectos se afirma desde el comienzo y, en buena medida, reemplaza el examen más detenido del documento que el propio artículo propone discutir.
También llama la atención la defensa del Ministerio de las Culturas sin detenerse en su trayectoria reciente. Desde la llegada de Yannai Kadamani, en febrero de 2025, se aprobó la Ley Artes al Aula; al mismo tiempo continuaron problemas que el sector conoce desde hace años: subejecución de recursos, cambios frecuentes de dirección y una fuerte dependencia de las convocatorias anuales. Cuando Jaramillo afirma que estas no pueden convertirse en la única forma de subsistencia y habla de «mendicidad», la palabra exagera la escena. Al mismo tiempo señala una discusión que sigue abierta. Defender el sistema de estímulos no implica asumir que funciona de la mejor manera posible, y esa diferencia apenas aparece en el artículo.
Algo parecido ocurre con la discusión sobre la censura. El texto advierte sobre la «censura blanca» que podría ejercer un patrocinador privado mediante beneficios tributarios. Sin embargo, los casos de Corea y Francia, que el mismo artículo menciona, muestran otra forma de orientación: la del Estado sobre el campo cultural. El fondo público también establece prioridades, define criterios y produce marcos de legitimidad. Lo que un gobierno presenta como práctica artística crítica puede ser entendido por otro como activismo. Cambia la institución que financia; permanece la capacidad de orientar aquello que recibe respaldo.
Quizás la parte más sólida del texto aparece cuando se ocupa de la memoria. La «amnesia selectiva», los archivos construidos desde los territorios y la necesidad de sostener procesos que no nacen en las campañas electorales abren una discusión que trasciende el debate sobre los modelos de financiación. Esa línea podría sostenerse por sí misma. Sin embargo, termina subordinada a la alarma económica, precisamente el terreno donde el debate se vuelve más previsible.
Agradezco la lectura atenta de Beatriz García a propósito de la columna “La segunda venida de la Economía Naranja…”, así como el tiempo dedicado a formular una opinión acerca de ella. En un ecosistema cultural con frecuencia propenso al silencio o a la queja informal, que un texto suscite un contraargumento es una oportunidad para profundizar en el debate. Lejos de asumir esta réplica como una discusión personal, la recibo como una invitación para precisar, robustecer y situar en el centro lo que verdaderamente nos convoca: la naturaleza de las políticas culturales del país y el destino de su modelo público.
A continuación, desgloso los contraargumentos institucionales, políticos y técnicos que sostienen la urgencia de encender las alarmas frente al modelo entrante y de rodear las transformaciones estructurales del actual Ministerio de las Culturas.
El primer reparo de García apunta a una supuesta falta de sintonía con los tiempos institucionales: señala que, dado que el programa Firmes con la Cultura (2026-2030) es apenas un borrador que no ha pasado por el Congreso ni por debates presupuestales, mis pronósticos resultan definitivos o apresurados.
Este cuestionamiento, sin embargo, peca de una cierta ingenuidad burocrática. En la administración pública, un documento de empalme o un borrador sectorial de un gobierno electo nunca es un lienzo en blanco; es la manifestación explícita de la voluntad política, el marco conceptual y el horizonte ideológico de quienes asumirán el poder. Esperar a que el plan sea radicado o aprobado formalmente para activar una crítica gremial y ciudadana significa llegar tarde a la batalla por lo público. La historia reciente de Colombia demuestra que las contrarreformas institucionales se cocinan justamente en estos primeros textos técnicos. Alertar sobre la reactivación y la apuesta ampliada hacia los incentivos fiscales corporativos y el consecuente marchitamiento del fomento directo no es un juicio febril; es una lectura analítica de la matriz económica que se pretende implantar.
Un segundo reparo argumenta que equiparar el plan propuesto para el gobierno entrante con el modelo de Iván Duque es un recurso perezoso que reemplaza el examen detenido. Al contrario, considero que la analogía se sostiene.
Cuando el borrador sectorial prioriza de forma casi exclusiva al sector audiovisual y musical bajo lógicas comerciales de rendimiento, y propone fiducias, agencias de industrias culturales y exenciones tributarias corporativas como el motor principal del fomento, está calcando la arquitectura profunda de la aguada Ley Naranja. No es una etiqueta retórica: es la misma ontología que reduce la potencia simbólica y social del arte a una mercancía fiscal y a una métrica de rendimiento corporativo. Rastrear estas continuidades estructurales nos permite advertir que el cambio de nombre no altera el paradigma subyacente. Y al ser las artes plásticas y visuales mi centro disciplinar, es aún más urgente hacer los llamados a preocuparse toda vez que no somos industria creativa.
García también objeta que mi defensa del Ministerio de las Culturas se formula de manera abstracta, omitiendo su trayectoria reciente y sus contradicciones reales. Para responder a este reparo con evidencias concretas, es imperativo poner sobre la mesa los hitos tangibles de esa cartera bajo la gestión de la ministra Yannai Kadamani, que demuestran una apuesta sin precedentes por la descentralización y la dignificación del campo, labor que no es específica de ella sino de los ministros que la antecedieron, un trabajo en equipo pensando en la cultura más que en firmas propias.
Piénsese, por ejemplo, en la ley Artes al Aula que no se trata de un enunciado de papel, sino de la introducción de la formación artística directamente en la educación básica pública, garantizando que el arte sea un derecho fundamental desde la infancia y no un privilegio centralista. Asimismo, el programa de Artes para la Paz que es la apuesta más ambiciosa del Gobierno, un programa que promueve el arte como herramienta pedagógica y cultural para la construcción de paz, orientado a transformar vidas a través del arte, el SINEFAC (Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural) que constituye un logro estructural que por fin reconoce y articula los saberes locales, las escuelas comunitarias y la formación no formal con el sistema educativo nacional, rompiendo el monopolio del credencialismo académico y centralista. A esto se suma la actualización de la Ley General de Cultura y el Plan Nacional de Cultura 2022-2032, cimentados desde los territorios mediante espacios democráticos y asamblearios para reescribir las reglas del juego a largo plazo. Lo público aquí no es una abstracción; es una práctica institucional territorializada.
Otro de los puntos en los que insiste el texto de García afirma que el sistema público actual genera una «dependencia vertical» de las convocatorias y que el Estado ejerce la misma orientación y condicionamiento que podría ejercer un patrocinador privado.
Este es un punto medular del debate, pero la equiparación resulta inexacta. Existe una distancia ética, política y constitucional insalvable entre las directrices de un Estado Social de Derecho, obligado constitucionalmente a fomentar, proteger y salvaguardar la diversidad cultural y los derechos de las comunidades y los comités de inversión de una corporación privada que busca deducciones de impuestos, retornos publicitarios, neutralidad estétical. Cuando se hace mención a los casos de Corea y Francia en el texto, se hace precisamente para demostrar el vasto y necesario aporte estatal al desarrollo cultural y no solamente abrir puertas al usufructo cultural con propósitos corporativos.
Finalmente, el comentario de García destaca el fragmento dedicado a la memoria como la línea más sólida de mi argumentación, pero lamenta que termine subordinada a la «alarma económica», señalando este terreno como previsible.
Considero que esta separación es artificial. La soberanía simbólica, el archivo social y la memoria territorial están indisolublemente ligados a las condiciones económicas que los hacen posibles o los asfixian. Los Salones Regionales de Artistas, el Salón Nacional de Artistas, el Museo de Memoria de Colombia, el Museo Afro y el Museo Nacional, así como otros museos en región no son castillo en el aire; son procesos históricos que requieren presupuestos públicos directos y descentralizados para protegerse de las fluctuaciones exclusivas del mercado. Desvincular la discusión económica de la defensa de la memoria es un repliegue tecnócrata que debilita la resistencia del sector.
Defender los logros de este periodo no implica caer en el aplauso ciego. Como sector crítico, debemos reconocer las deudas y las ejecuciones problemáticas de la administración actual: desde los traumatismos administrativos iniciales del Banco de Iniciativas y las demoras en los desembolsos, hasta las fricciones constantes entre las intenciones emancipatorias del Ministerio y las trabas burocráticas de la contratación pública que desconoce la naturaleza del sector. Falta, además, consolidar una red de protección social y pensional definitiva para los artistas, una deuda que la ley enuncia pero que la realidad macroeconómica ralentiza. Y seguramente podríamos elaborar una lista más larga, pero así mismo podemos realizar una lista también amplia de aquello que no podemos invisibilizar.
Sin embargo, estas son fallas dentro de un enfoque de derechos públicos; problemas que se solucionan fortaleciendo la institucionalidad, no desapareciéndola o mermandola. Igualmente, seguir creyendo que con tecnócratas se solucionan los problemas misionales de las entidades públicas también es un error garrafal. Lo que propone el borrador del nuevo gobierno no es corregir las fallas; es cambiar radicalmente de paradigma: pasar del arte como derecho al arte como negocio privado y beneficios tributarios.
Rodear lo público hoy no es un acto de «frustración electoral» ni un atrincheramiento nostálgico, es una urgencia manifiesta a prepararse para lo peor, donde lo público está en riesgo. Es la defensa de un Ministerio que, con contradicciones y demoras, logró descentralizar el presupuesto, dignificar los saberes experienciales a través de sus jurados y sembrar estructuras permanentes como el SINEFAC y las Aulas para la Paz. Y si se quiere ver en el sector de las artes plásticas y visuales, ahí están acciones como el Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales. Dejar que la cultura regrese solamente al filtro corporativo y a la tecnocracia de escritorio es renunciar a la soberanía simbólica del país y a lo poco que hemos logrado.
Nos costó décadas pasar de la vieja estructura de Colcultura a tener un Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; perder este lugar histórico en el organigrama del Estado para diluirnos en una simple oficina secundaria de un “megaministerio” sería un retroceso que el campo artístico y el pensamiento crítico no pueden permitirse el lujo de ignorar. Esto que hoy García califica de “pronóstico”, no es una apuesta adivinatoria, estas líneas son un ejercicio informado de análisis y evaluación; una invitación a estudiar lo que se viene, a mantener la mirada despierta y a prepararnos colectivamente para defender lo que tenemos.