Escribo estas líneas no desde el simple eco de la frustración electoral, sino desde la preocupación legítima por el rumbo que toma la política del país y sobre todo la política cultural. Hace unos días llegó a mis manos —como a tantos otros agentes culturales— el borrador del plan sectorial del gobierno electo: Firmes con la Cultura (2026-2030). Aunque formalmente se trata de un documento de trabajo, hoy por hoy es el único referente real con el que contamos para anticipar cómo se pretende legislar. Y lo que se lee allí, sumado a las recientes declaraciones públicas de sus coordinadores, nos ubica en un momento bisagra: un escenario complejo donde las prácticas artísticas independientes, que siempre han transitado entre la autogestión y la subsistencia, quedan en una posición de extrema vulnerabilidad.
Hace apenas unos días, Andrés Jaramillo, jefe de empalme del sector cultural para el gobierno entrante, anunciaba con entusiasmo refundacional la promesa de construir “un Ministerio verdaderamente descentralizado que construya la política cultural de las regiones y desde las regiones y no desde un escritorio en Bogotá”. Esta afirmación, de entrada, resulta preocupante por su carga de amnesia selectiva. Presentar la descentralización como un descubrimiento de campaña es un intento flagrante de invisibilizar y borrar el acumulado técnico y social de los últimos años. Significa ignorar adrede que el actual Plan Nacional de Cultura 2022-2032 (“Cultura para la protección de la diversidad de la vida y el territorio”) o la reciente formulación del Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales se cimentaron justamente en asambleas territoriales, laboratorios regionales y consultas directas en los municipios. Decir que hoy se legisla desde un «escritorio en Bogotá» es una bofetada a los miles de gestores, portadores de tradición y creadores regionales que por fin encontraron canales directos de interlocución con el Estado. No es falta de información; es una estrategia deliberada de tabula rasa institucional para justificar el desmantelamiento de lo público.
En esa misma línea, Jaramillo asegura que buscarán una gestión “sin activismos ni panfletos rimbombantes vacíos”. Detrás de este uso peyorativo del lenguaje se esconde el verdadero peligro ideológico del modelo que se avecina: la despolitización y domesticación del arte. Calificar de “activismo” la priorización de los derechos culturales, la dignificación de las comunidades históricamente excluidas y el reconocimiento del arte como una herramienta de memoria viva en los territorios, es el primer paso para vaciar de contenido social al Ministerio. Lo que la tecnocracia entrante tacha de “panfleto” es, en realidad, la incómoda insistencia de un sector que se niega a olvidar y que exige que las prácticas artísticas no se reduzcan a un mero insumo decorativo para las industrias del entretenimiento.
El núcleo del discurso de la nueva administración revela su mayor contradicción cuando promete un ministerio que “no fomente la precariedad ni perpetúe la convocatoria anual como única fuente de subsistencia”, para pasar de inmediato a definir al creador colombiano exclusivamente como un “profesional, titular de un proyecto de valor cultural y económico, capaz de generar empleo, riqueza y propiedad intelectual”. Por supuesto que el artista merece vivir dignamente de su trabajo. Pero diagnosticar la precariedad estructural del sector para luego recetar el mercado y las industrias creativas como única salvación es un acto de profundo cinismo institucional.
Al revisar con lupa las propuestas políticas para el cuatrienio 2026-2030, plasmadas en el plan cultural de De La Espriella y las palabras del líder de empalme de gobierno es imposible no sentir una profunda alarma ética. Asusta y mucho ver cómo se reactiva un enfoque corporativo implacable que amenaza con borrar del mapa la supervivencia de las artes y los saberes en las regiones. Su idea central aterra: propone marchitar el apoyo directo que da el Estado mediante convocatorias públicas, tachándolas despectivamente de promover la «mendicidad» o la «dependencia», para volcar todo hacia los incentivos fiscales y la voluntad del inversionista privado a través de CoCrea y una nueva «Agencia de Industrias Culturales» donde se reconocen solo dos disciplinas el audiovisual y la música como industria, las otras disciplinas se arrojan al olvido. Es el reencauche de la «Economía Naranja», volveremos a rendir el jugo de naranja o a pensar en Blancanieves y los 7 enanitos. Da pánico pensar en la segunda venida de esa estrategia neoliberal que ya fracasó estrepitosamente en Colombia y dejó fracturas profundas en nuestro tejido artístico. Recordamos que nos quisieron meter a la fuerza en el molde del «emprendedor de sí mismo», exigiéndonos ser empresarios cuando somos creadores independientes, mientras los alivios tributarios iban a las multinacionales del entretenimiento comercial. Al final, el proceso de pensamiento, la experimentación y el valor de la creación fueron reducidos a un simple código de barras.
Para justificar este giro radical hacia la privatización del fomento, Jaramillo invoca los modelos de Corea del Sur y Francia como faros de desarrollo, asegurando que crearán las herramientas para que “la Banda Sinfónica de Samacá pueda viajar al WMC sin necesidad de hacer posts en Facebook pidiendo apoyo”. Es un argumento efectista, pero tramposo. Utilizar a Francia o a Corea del Sur para defender un modelo de desmonte de los apoyos directos del Estado es una contradicción técnica insostenible. Ambos países basan el éxito y la potencia de su sector cultural en un proteccionismo estatal feroz, en gigantescas inyecciones de presupuesto público directo y en un control institucional estricto sobre el mercado, no en la filantropía corporativa ni en los incentivos fiscales que propone De la Espriella desde su plan de cultura. Si, la banda de Samacá —o cualquier colectivo artístico del país— no debe mendigar en redes sociales para poder circular, la solución pasa por fortalecer y blindar presupuestalmente los fondos públicos descentralizados, no por tercerizar el fomento cultural a través de fiducias y exenciones tributarias que terminan favoreciendo a las grandes cadenas del entretenimiento comercial.
Mirar este panorama con rigor exige contrastarlo con las realidades materiales de nuestro sector. No se puede implementar una fórmula netamente corporativa ignorando que, según los registros oficiales del campo cultural, el 70% de sus agentes y trabajadores culturales carecen de afiliación al sistema pensional y solo el 45% de sus agentes culturales se encuentra cobijado, bien sea por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado, la respuesta del Estado no puede ser quitarles la red de apoyo de los estímulos públicos para obligarlos a convertirse por la fuerza en «emprendedores de sí mismos». Las artes plásticas, visuales, la literatura y los procesos comunitarios simplemente no operan bajo la lógica corporativa de generar dividendos a corto plazo.
Trasladar la responsabilidad del desarrollo cultural a la empresa privada en un contexto tan precarizado evidencia una profunda distancia frente a las realidades territoriales. Las artes plásticas, visuales y de la materia simplemente no operan bajo la lógica de una línea de ensamblaje industrial o de contenidos seriados para plataformas de streaming. Nuestro circuito comercial local es pequeño; las poquísimas galerías estables hacen maromas enormes para sostener la circulación de sus representados sin un respaldo estatal real. El artista independiente asume los costos de producción e insumos de su propio bolsillo, y ahora se le pide que compita bajo las reglas del patrocinio empresarial.
Aquí radica el verdadero riesgo del modelo CoCrea cuando se convierte en el eje central de la política pública: la viabilidad del arte crítico. Cuando la financiación del arte y la cultura pasa a depender de que una empresa privada busque deducir impuestos, y que la naturaleza del pensamiento crítico del arte se vea en peligro real, no solo de una censura explícita, sino la implantación de una sutil «censura blanca», donde los artistas, museos y las instituciones se vean empujados a ajustar sus líneas de creación y curatoriales para no incomodar al patrocinador de turno. Es una estrategia involuntaria de domesticación de las narrativas históricas y de la resistencia estética en las regiones.
Por otra parte, sorprende el vacío del plan frente a los debates contemporáneos más apremiantes. Mientras que «Firmes con la Cultura» enuncia la Inteligencia Artificial simplemente como una industria a explotar, guarda un silencio absoluto sobre la defensa de los derechos de autor de los creadores locales, la protección del patrimonio vivo y los mecanismos de amparo frente al apropiacionismo de las artes, las culturas y los saberes por parte de las industrias globales.
Frente a este horizonte de privatización y olvido simulado, la tarea inmediata del sector es rodear y defender lo público, reivindicando los procesos de planificación democrática a largo plazo, como el Plan Nacional de Cultura. Es momento de proteger estructuras históricas que garantizan la descentralización real de las artes plásticas y visuales: los Salones Regionales de Artistas, el Salón Nacional y las bolsas de Estímulos y Concertación. Debemos cuidar la continuidad misional del Museo Nacional, el Museo de Memoria de Colombia, el Museo Afro y las infraestructuras museales en las regiones así como el Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales que está ad portas de ser socializado por la actual administración.
Asimismo, es vital proteger el patrimonio y la infraestructura descentralizada que el Banco de la República sostiene a través de sus espacios culturales en las regiones.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá falencias y deudas históricas que debemos seguir discutiendo con rigor, pero su carácter público y su obligación constitucional de salvaguardar el arte no pueden ser sustituidos por el filtro de fiducias ni descuentos corporativos de turno. La materia y la imagen son herramientas de pensamiento y memoria; no permitamos que se reduzcan a una simple mercancía fiscal.