A lo largo de 2024, el Programa Nacional de Estímulos (PNE) enfrentó múltiples dificultades e incumplimientos: la evaluación de propuestas tomó seis meses, no se divulgaron fechas de publicación de resultados, los desembolsos a ganadores llegaron tarde y las razones de los retrasos se comunicaron de manera deficiente. En respuesta, el escritor Giussepe Ramírez publicó un artículo en Cerosetenta con críticas y propuestas específicas, como establecer fechas fijas para la publicación de resultados, ampliar los plazos de ejecución de las propuestas según las particularidades de cada convocatoria y garantizar una comunicación clara y pública a través de redes sociales y canales institucionales en cada etapa del proceso.
A partir de estos puntos y aportes adicionales hechos en esferapública por el artista Victor Albarracín, la gestora Paula Díaz y el curador Alberto Borja, se concretó una mesa de trabajo con el Ministro de Cultura donde se discutió sobre estos puntos y ajustes urgentes para el Portafolio de Estímulos, cuya primera fase se lanzó el pasado mes de febrero.
Como una forma de seguimiento de este proceso, entrevistamos a Giussepe Ramírez, quien nos compartió su opinión sobre los ajustes y el proceso que ha llevado hasta la fecha el Portafolio de Estímulos 2025.
¿Qué opina de los ajustes realizados y cómo ha visto el proceso que ha tenido esta nueva versión del Portafolio de Estímulos?
Giussepe Ramírez: El texto que publicó Cerosetenta el 31 de agosto de 2024 señalaba la falta de sentido común en la estructuración del PNE del año pasado. Por años nos han hecho creer que quienes tienen el conocimiento y la experticia en el diseño de políticas públicas son los funcionarios del Estado. Sin embargo, hay ejemplos variados de la falta de perspectiva de quienes se encuentran al interior de las instituciones para crear programas que concreten y aterricen mandatos constitucionales. La perspectiva adecuada y el sentido común muchas veces los tienen los ciudadanos.
Por eso me parece un gran logro y un signo de esperanza democrática que los funcionarios del Ministerio de Cultura hayan prestado atención a ese texto, y a otros, y hayan incluido algunos ajustes básicos en el PNE del 2025. Por ejemplo, la división del programa en dos etapas atendiendo a la priorización de las convocatorias según su espíritu, y la publicación de un cronograma claro y puntual. Dicho cronograma se ha cumplido hasta ahora con rigor, y espero que continúe de esa manera.
A pesar de la crítica frontal y la pugnacidad del texto, este logró mejorar las condiciones mínimas del PNE. Hasta donde sé, no existía el precedente de que textos de opinión de ciudadanos de a pie efectuaran cambios en programas estatales del Ministerio de Cultura. Esto representa un gran avance en el reconocimiento de la soberanía que reside en el pueblo para conducir su destino. En los futuros gobiernos los agentes del sector cultural no pueden conformarse con menos.
Durante este gobierno el ministerio inició una serie de cambios como el de proponer espacios de escucha y mesas de trabajo como un paso inicial de su gestión, así como darle voz y visibilidad a lo que sucede en los territorios. ¿Cree que este giro es primordialmente discursivo o apunta a generar cambios de fondo?
Giussepe Ramírez: Para mí el giro es genuino y busca acercar mucho más a la ciudadanía a la estructuración de la política pública cultural. Las personas también deben tener una cuota de responsabilidad en las dinámicas del Estado. En todo caso, es el Ministerio quien debe sistematizar y comunicar los resultados de la creación de la Mesa de atención a la ciudadanía en el caso del PNE, si esta fue eficiente o si todavía falta mayor apropiación de estos espacios por parte de la población.
En relación con la responsabilidad que debemos tener los ciudadanos en las dinámicas del Estado, ¿qué piensa del llamado a marchar en las calles que hizo el Ministro de Cultura cuando anunció el recorte presupuestal -que luego no fue tal- a finales del año pasado? ¿O del llamado a hacer veeduría del manejo presupuestal cuando anunció la descentralización de los recursos a entidades departamentales y territoriales?
Giussepe Ramírez: Hay quienes en la sociedad siempre advierten un temor a la instrumentalización política del sector cultural, como si este no tuviera una madurez que le permitiera organizarse para demandar condiciones dignas. Este gobierno se ha caracterizado por el constante pedido de movilización ciudadana. En ese sentido, el llamado del exministro Correa fue coherente con ese talante. Asimismo, recibió críticas por la falsa alarma y el desgaste que esto pudo significar para el sector. Pero ante esto me surge la inquietud de por qué no llamar a la movilización desde el principio de su gestión, teniendo en cuenta el bajísimo porcentaje del presupuesto nacional que históricamente ha tenido el Ministerio de Cultura. En 2024 el Ministerio recibió el mayor presupuesto en términos porcentuales del PGN, pero así y todo este apenas alcanzó el 0,278%.
Por otra parte, y aunque la ciudadanía tiene responsabilidad en el devenir del Estado, los funcionarios también deben ser conscientes de las limitaciones de vigilancia de la ciudadanía y no sobrecargar de responsabilidades que no le corresponden a un sector bastante precarizado. El anuncio de descentralización, de nuevo, tuvo que ver con una discusión coyuntural promovida desde la presidencia, pero a fin de cuentas el ajuste en el PNE respecto a esta reforma no fue tan profundo como parecía. La comunicación del Ministerio en ese momento no fue estratégica ni ordenada para informar al sector de lo que implicaba la desfinanciación o la descentralización, o de las tareas que el Ministerio adelantaba para gestionar más recursos o concretar el giro de dinero a las regiones. Luego sí explicaron con cierta precisión este último asunto, pero la atención ya se había desviado. Fueron anuncios para generar reacciones y discusión, pero sin una base informativa sólida y técnica en el momento pertinente.
Como en el diseño de los programas del Ministerio de Cultura, la comunicación también debería basarse en el principio del sentido común. Solo para poner un ejemplo reciente: el 31 de marzo se anunció en las redes del Ministerio que ya estaba a disposición el listado de personas elegibles para ser jurados de convocatorias. Sin embargo, el listado no fue publicado*, sino que existía un aplicativo para consultar individualmente si uno era elegible. La gente buscó un listado y jamás lo encontró. Ese pequeño desajuste y error de comunicación crea desconfianza.
Las mesas de trabajo que ha convocado el Ministerio de Cultura durante este gobierno son importantes como espacio de interlocución para el diseño de política pública. Aún así, se han dado casos en que los participantes reclaman que el Ministerio no socializa con los participantes -ni con el sector- los resultados de los aportes de esas mesas para cumplir con los objetivos establecidos. También se ha señalado que algunas veces las mesas se realizan simplemente para cumplir con un trámite administrativo de «diálogo con el sector» ¿Cree que se deberían publicar resultados de estas mesas o que el ministerio responda preguntas o críticas puntuales?
Giussepe Ramírez: Estoy a favor de la información pública como insumo para los ciudadanos. La transparencia y la confianza de las instituciones están relacionadas directamente con la información disponible. Esa es una de las principales fallas del Ministerio. En el ejercicio de compartir los resultados de los espacios de interlocución, la ciudadanía establecería una relación de cercanía con la política pública, y en efecto se apropiaría mucho más de ella porque tendría más elementos para evaluar una gestión. Las instituciones no deberían temerle a la divulgación de errores y críticas a su gestión. Por el contrario, debería ser el espíritu de lo público: compartir resultados, errores y aprendizajes para que la población comprenda a cabalidad los procesos de avance.
El reconocimiento de errores y críticas es un tema sensible por los cálculos electorales que realizan quienes están en el poder, y también por las estratagemas de quienes no lo están y se preparan para obtenerlo. En todo caso, para la construcción de un Estado sólido esto es importantísimo y podríamos observar sus beneficios en el corto plazo. Si no se muestran las cartas de falibilidad de las instituciones, como ciudadanos tendremos la sensación de un Estado que no avanza.
La mesa convocada en 2024 para discutir las críticas al PNE es un resultado positivo que el Ministerio debería divulgar con orgullo. La escucha por parte de los funcionarios es un beneficio para toda la sociedad. Hay que convertir las mesas en una práctica de humanidad y procura de mejora, y no simplemente en un trámite administrativo del que nadie se enrogullece.
*Nota del editor: La lista de jurados elegibles sí fue publicada, pero lo hicieron diez días después de la fecha que anunciaron por redes sociales.