Los hombres no indigenas del departamento del Cauca todos unidos pidieron se me condenara y se me mandara al Panóptico de Tunja, indicándome dieciocho delitos que ni siquiera habían estado escritos en mi pensamiento, únicamente criados por la inteligencia de un poeta, el que escribió Anarcos…
Manuel Quintín Lame, en «Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas».
Sumándome a las voces que condenan el hostigamiento judicial y las amenazas del procurador general Gregorio Eljach, azuzado por el gamonal —y primo de Paloma Valencia— Aurelio Iragorri junior, en contra del artista caucano Edinson Quiñones, de Carolina Chacón, cocuradora del 47 Salón Nacional de Artistas, de Alejandra Sarria, coordinadora del grupo de artes visuales del Ministerio de las Culturas y de Katia González, directora encargada del Museo Nacional, quisiera señalar un par de intuiciones relacionadas con este incidente que me parece conveniente traer al relato.
Sin buscar repetir los hechos ampliamente comentados por personas del campo cultural —Luciana Cadahia, Lucas Ospina y Juan Cárdenas, entre otros— que se han solidarizado con las víctimas de esta vulgar cacería, me he quedado pensando en que quizás sea esta una ocasión perfecta para ir más allá en el ejercicio de reparación histórica que Minga Prácticas Decoloniales —el colectivo del que Edinson Quiñones hace parte— emprendió a través del sometimiento del busto de Guillermo Leon Valencia. Como algunos sabrán, en el marco del 47 SNA, el colectivo recopiló un conjunto de acciones desarrolladas desde 2021, en las que el busto —derribado y secuestrado durante el estallido social— fue sometido a distintos procesos de armonización, acordes con los principios y prácticas de las comunidades indigenas de la región. Así, pudimos ver que en el curso de estos años había sido fueteado, lavado, brillado, ortigado, secado al sol junto al río y, finalmente, arrastrado por las mismas calles de Popayán que vieron cómo, hace más un siglo, Guillermo Valencia ordenó pasear, amarrado a la cola de una mula, al líder indígena Manuel Quintín Lame, quien fue encarcelado incontables veces y, en una de esas, permaneció amarrado durante meses “con una barra de acero de veintiocho libras”, según nos cuenta en sus memorias. En consecuencia, podemos decir que la acción de esta minga trasladó al terreno de la reparación simbólica el agravio físico, jurídico y moral de un poderoso político y terrateniente regional a un líder indígena en resistencia.
Pero hablar de Guillermo Valencia no es suficiente, pues su hijo, Guillermo Leon, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, es considerado el responsable histórico del bombardeo a Marquetalia y la ocupación militar de El Pato, Riochiquito y Guayabero. Como es sabido, esa incursión militar, adelantada con el apoyo militar de los Estados Unidos, sumada a la soberbia negativa del presidente a atender los reclamos de un puñado de campesinos que pedían respeto a sus tierras, despeje militar de las escuelas y una pequeña inversión en la adecuación de puentes y caminos veredales fueron el desencadenante de la transformación de un grupo de campesinos en un aparato militar que llevo al país a una guerra que aún seguimos viendo, atizada por los voceros de esa misma familia, los Valencia, que ahora se sienten agredidos porque un pedazo de bronce sin valor patrimonial fue arrastrado por unas calles.
Considerando que la JEP fue establecida en el marco del proceso de paz con la guerrilla de las FARC —iniciadas como reacción al asesinato de más de 500 campesinos ordenado por Valencia— y que su función es la de impartir justicia y reparación a las víctimas, creo que las circunstancias son propicias para solicitar la apertura de un macrocaso que estudie la responsabilidad de esta familia y de sus allegados en un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad que, sabemos, siguen siendo cometidos en distintas regiones del país a través de de aparatos criminales que defienden los intereses de las élites regionales. La apertura de este caso es necesaria para determinar los culpables, reparar a las víctimas y armonizar desde su génesis un largo y espantoso capítulo de la historia nacional que seguimos viviendo y que debemos cerrar.
Sabiendo que en otros muchos casos las comunidades y los territorios, incluyendo al río Cauca y, ahora, a los Montes de María, han sido declarados víctimas y se ha exigido reparación por parte del Estado, no resulta vano pensar que, en lugar de replegarse en una defensa jurídica de artistas y trabajadores de la cultura injustamente acusados de crímenes de odio y de destrucción de un “patrimonio” jamás declarado, sería hermoso que este Salón Nacional de Artistas se cerrara con una acción significativa que no solo opere en el terreno simbólico sino en la articulación, junto a la JEP, de una historia nacional que reivindique a sus comunidades, defienda la autonomía territorial y juzgue a los linajes que han arrastrado al pueblo desde la formación misma de la república.
Víctor Albarracin Llanos
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