Una serie de eventos desafortunados

Io sono il capone della mafia
Io sono il figlio della mia mamma
Tu sei uno stronzo di merda ¡JA! ¡JA! ¡JA!
E un figlio di troia in Venezia
Venezia…
Venezia…
Venezia… ¡CHA! ¡CHA! ¡CHA!

Hombres G. Venezia

Hacia agosto o septiembre del año pasado, Federico Uribe y su representante, Galleries Adelson, en Boston, contactan al Ministerio de Cultura en busca de apoyo a su participación en la Bienal de Venecia 2019. Esa solicitud, acompañada de una carta ambigua del ya entonces ex-presidente Juan Manuel Santos, en la que expresa su interés en que Colombia pudiera participar en la Bienal, fue usada, junto a una carta de invitación expedida por el European Cultural Center, para presionar al Ministerio en la búsqueda de financiación y en la proclamación de Uribe como representante oficial de Colombia en la Bienal.

Mirando con detenimiento los documentos presentados, empiezan a surgir preguntas en torno a la legitimidad de la participación de Uribe en la Bienal y luego, en torno a la verosimilitud de esta historia, que se ha ido revelando como un gran intento de embuste al país, al Ministerio de Cultura y al campo del arte.

Desde hace más de una década, por encima de las simpatías partidistas, el Ministerio de Cultura ha ido perfeccionando una serie de procedimientos para la toma de decisiones y la difícil búsqueda de transparencia en procesos públicos de convocatoria y oferta de recursos. El programa nacional de estímulos y el programa de concertación nacional son eso, contenedores de la oferta de fondos públicos para agentes e iniciativas culturales en el país. Si bien aún hay espacios dentro del Ministerio en los que la participación y la oferta de premios y apoyos se dan de manera directa (invitaciones, comisiones y demás), es evidente que hay allí, al menos, el criterio de un comité asesor y la presencia de profesionales del campo cuya opinión es escuchada y generalmente atendida antes de entregar dineros públicos a particulares.

Por eso resulta curiosa la solicitud de Federico Uribe. En la carta que envía al Ministerio y que luego escala al nivel de Vicepresidencia, Uribe busca el aval a su participación en la Bienal y, específicamente, su proclamación como participante oficial por Colombia en el evento. Lo que esto implica, si llega a ocurrir, es que Uribe no participa a nombre propio sino como representante de Colombia, entendiendo que es Colombia la que asume los costos de dicha representación que, para hacerse una idea, solo por concepto de arriendo del espacio expositivo suma 150,000 euros.

Sin embargo, al leer con atención la carta (adjunta al final), se hace evidente que Uribe no ha sido seleccionado para participar de ninguna manera en la Bienal de Venecia. Lo que Uribe presenta es una invitación, sujeta al pago de una alta tarifa, expedida por el European Cultural Center, una organización establecida en Holanda, que ofrece sus servicios de renta de edificios de lujo para fines diversos. En su sitio web, esta organización no muestra sus miembros, junta directiva ni responsables directos y, en ningún lugar establece con claridad sus vínculos con la Bienal, si es que estos existen.

Como se puede observar, lo que esta carta confirma es la “inclusión de Federico Uribe y la primera participación de Colombia, en cooperación con Adelson Galleries en Boston, en nuestra Exhibición Bienal de Arte Contemporáneo, que tendrá lugar en el palazzo Bembo y el palazzo Mora, entre el 11 de mayo y el 24 de noviembre, 2019”.

¿Cómo esta mentira ha calado tan hondo? De qué manera estamos a las puertas de que el gobierno de Colombia designe a Uribe como representante oficial en una Bienal a la que no ha sido invitado, a un costo que sería, mínimo, de 600 millones de pesos, es decir el 60% del dinero que la institución destina cada tres años al Salón Nacional de Artistas, donde participan cerca de 150 artistas de Colombia y del resto del mundo?

Se dirá que, oficial o no, hacer presencia en Venecia vale la pena, aunque no sea en un pabellón nacional ni invitado por el comité curatorial. Otros artistas colombianos de gran renombre han participado en la Bienal real, ya sea seleccionados por los curadores del evento o en pabellones de artistas latinoamericanos, incluyendo a José Alejandro Restrepo, Rosario López, Oscar Muñoz y Alberto Baraya, quienes, si no me equivoco, han recibido, en el mejor de los casos, apoyo en tiquetes aéreos por parte del Ministerio de Cultura. Nunca Colombia ha tenido un pabellón nacional en la Bienal y, si hubiera querido hacerlo por primera vez, tendría que haber presentado su postulación antes del 30 de noviembre de 2018. ¿Estamos entonces ante otro protocolo que se desconocerá porque no fue firmado durante esta administración? En este caso, la participación de Uribe en un evento paralelo, entre otros 260 eventos no oficiales programados durante los meses de la Bienal, es risible y está sujeta al pago de los 150,000 euros que una institución sin rostro exige:

Como se puede ver, un primer pago debía hacerse el 10 de septiembre de 2018, el segundo, antes del 1 de noviembre y, el último, antes del pasado 7 de enero. ¿Hizo Uribe estos pagos ya? Y, si los hizo, ¿para qué le está pidiendo plata al Ministerio de Cultura? ¿Le prestaron? ¿A quién le debe? ¿Por qué debería el país pagar por esto? Y claro, uno pensaría que arrendar un palazzo en Venecia, en temporada alta, no es barato, pero lo que el artista obtendría a cambio hace que todo sea todavía más patético:

Sí. Se está armando este alboroto y se busca sacarle plata a un Ministerio de Cultura empobrecido y duramente golpeado por los recortes durante esta y las administraciones pasadas para pagarle la participación, en un evento alterno a una bienal, a un artista radicado en Miami hace años, con fuertes vínculos con la sociedad uribista de la Florida, con un largo historial de exhibiciones en consulados, embajadas, centros culturales de las burocracias de distintos países pero muy poca presencia en museos, centros de arte y galerías al menos verosímiles. Este artista podría recibir $600’000.000 del gobierno colombiano para pagar:

– La participación en esta exhibición colectiva.

– 2 cuartos y bodegaje en una mansión de Venecia, que suman 120 metros cuadrados.

– Montajistas, aseo y trámites.

– Dos inauguraciones con bebidas y pasabocas.

– Propaganda masiva por email (spam).

– 10 páginas en un catálogo.

Me encantaría que el gobierno de Colombia apoyara de esta manera mi trabajo y el de muchos profesionales de la cultura en el país. Estoy convencido de que la cultura merece apoyo, promoción y recursos generosos. Considero fundamental que en todos los niveles del gobierno nacional la promoción cultural sea prioritaria dentro de toda política pública. Pero me pregunto, para terminar, si este apoyo sería posible, señora Vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez, si viniera de un agente cultural activo y con trayectoria destacada pero, desgraciadamente, sin vínculos familiares en altas esferas del poder, no siendo ese el caso de Federico Uribe, miembro de una familia de abolengo, rodeado por un círculo social de ricos de derecha en Miami y hermano, por pura casualidad, de una ministra de los gobiernos Uribe y Santos, quien también ha sido presidente de Camacol, directora de la Agencia Nacional Minera y asesora del BID entre otras muchas cosas.

¿Cuál es la lectura que este tipo de acciones institucionales pondrían en evidencia? ¿Cuál es la dimensión de tal desfachatez y hasta dónde puede llegar el tráfico de influencias en Colombia? ¿Cuál es el mensaje que se quiere enviar desde el gobierno nacional a los productores y agentes de la cultura? ¿Cómo va a erosionar esta situación el proceso de institucionalización que ha tenido lugar en el Ministerio de Cultura durante, al menos, la década pasada? ¿Qué debemos esperar de un gobierno que recorta los estímulos a los productores de patrimonio inmaterial para darlos a dedo a figuras que poco o nada han ayudado a construir cultura en el país?

Este texto, mal escrito de afán ante la inminencia de una catástrofe para el arte colombiano, aún incompleto y pobre en la explicación de innumerables relaciones de poder que hay aquí en juego, busca movilizar a la comunidad de artistas y agentes culturales, quiere generar preguntas y abrir un espacio de discusión pública sobre los modos en los que el Estado puede y debe intervenir en las práctica culturales y sobre las formas en que, como comunidad afectada y como parte invisibilizada, debemos responder.

Víctor Albarracín

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Actualización 6 de febrero 2019

Posteriormente a la publicación de este artículo, la Carta Abierta al Ministerio de Cultura y la Opinión Pública   y un resumen de la revista Arcadia, el Ministerio de Cultura publicó su respuesta a la solicitud de apoyo de Federico Uribe.