Se suponía que la marcha del 16 de abril, convocada en Facebook por 310 navegantes, iba a convertirse en la más grande manifestación contra la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FGAA), y ni siquiera le alcanzó para hacer ruido en los medios. Mal contadas, no eran más de cinco las personas del mundo del arte que acudieron esa tarde a la primera “toma pacífica” contra esta entidad pública, bajo el eslogan Nepotismo=Corrupción.
El espíritu de la convocatoria de la Comunidad Artística Ciudadana era protestar, entre otras denuncias, por el reciente nombramiento de Bernardita Chique en la galería Santa Fe, el escenario más visible para las exposiciones del Distrito, y para eso se deberían juntar a las dos de la tarde en la sede de la FGAA, en pleno barrio La Candelaria.
Y aunque fueron pocos los que se presentaron al llamado, el tema de la gestión actual de la cultura en Bogotá sí se viene discutiendo con pasión en estos círculos desde hace más de un año. Primero, porque el Concejo de Bogotá aprobó en 2006 una reforma administrativa que creó la Secretaría de Cultura en vez del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, con la misión de diseñar las políticas del distrito. En la práctica, y ahí viene la disputa, la ejecución de los proyectos la asumió la FGAA con bastante autonomía, pasando de manejar recursos por 1.500 millones para sus conciertos y talleres a tener un poco más de 8.000 millones de pesos anuales destinados a la literatura, a las artes plásticas y audiovisuales. Una suma que causa envidia hasta en el ministerio del ramo.
Las miradas artísticas pasaron entonces a escudriñar el desempeño de la Fundación, el cual recién comienza. Y como la nueva coordinadora de la Galería fue en el pasado cuñada de su jefa, la directora de la Fundación, Ana María Alzate, bastó ese hecho para que algunos artistas de la talla de Antonio Caro, Guillermo Vanegas, Lucas Ospina y otros, salieran a criticar la decisión que, según ellos, se aleja de la tradición de los últimos gobiernos en cuanto a la gestión en las artes. “Se empieza a hacer notorio que toda la gestión de mucho tiempo en el proceso de crear un camino más despejado en cultura, ahora se puede enturbiar. Y ya hay un caso, que es el nombramiento en la Galería”, dice el experto cultural Jaime Cerón, quien trabajó 11 años en la Alcaldía.
Desde su oficina en el centro histórico de la ciudad, Ana María Alzate responde a esta voz de alerta con las armas que le otorga la ley, más allá de que para sus contradictores el tema es más ético. En un derecho de petición solicitado por el curador Guillermo Vanegas, ella le contesta que esa relación fue hace dos décadas, “por lo tanto esa acusación no vale”, dice. Agrega que esta persona cumple con todos los requisitos del contrato por 37,4 millones de pesos para 11 meses, por tener la idoneidad y la experiencia requerida. “Y lo más importante: es una persona de mi entera confianza”, remarca, a la vez que explica que este cargo es una tarea subordinada, algo menor en la estructura interna.
No piensa igual Luisa Ungar, la antigua coordinadora de la Galería, quien salió de la Fundación luego de la llegada de Chique. Ungar, experta en arte, relata que el cargo sí gozaba de una gran responsabilidad en la ciudad, pues organizaba las exposiciones anuales para los nuevos valores y, además, acercaba a los colegios distritales y a las universidades al arte contemporáneo, por medio de este espacio con cinco salas en el Planetario. Pero, el punto más relevante para ella, es que para lograr ese puesto tuvo que pasar varias pruebas y anexar muchos documentos que acreditaran su idoneidad, tanto en el ámbito académico como en el de la experiencia profesional.
De ahí viene también el enojo de los artistas. De alguna manera, como dice Lucas Ospina, critican la forma “autónoma” como la directora conduce y nombra a sus subalternos, en especial la idoneidad de esta señora para asumir la tarea de coordinación. En su hoja de vida presentada para el contrato, esta venezolana tiene estudios de bachillerato, y un diplomado en Administración e Instituciones Culturales, realizado en la Universidad Javeriana, en 2006. En materia de trayectoria, goza de varios trabajos relacionados con el arte, como la dirección de la galería del club El Nogal.
Al consultar con varios abogados expertos en contratación estatal, aunque no todos tienen un concepto similar, la voz mayoritaria sostiene que el problema está en el objeto del contrato No. 092 del 11 de marzo de 2008, que dice literalmente “prestar servicios profesionales”.
Incluso para tres de ellos, uno ligado a la Procuraduría, la inconsistencia radica en que bajo la Ley 80, una persona sin grado profesional, y solo acompañado de un diplomado, no puede cumplir los requisitos de este contrato de asesoramiento en actividades culturales. “Un diplomado o la experiencia no convalidan una carrera profesional, otra cosa sería si el contrato fuera por prestación de servicios, así que este asunto puede llegar fácilmente a los organismos de control”, sostiene. ¿Por qué no le hicieron entonces un contrato simple de prestación de servicios? La razón, según los expertos, es que por el monto del mismo, más de tres millones de pesos mensuales, en el sector público se requiere una persona bien calificada, con título profesional.
La creación del Instituto
En voz baja, como parece ser la costumbre en este mundo, hay otras críticas que no tienen que ver con este nombramiento y, menos, con la solicitud de cambiarle el nombre del político conservador, el padre de Ana María, a la Fundación en estos tiempos del Polo Democrático. Esta vez, el cuestionamiento es contra Julián Mosquera, mano derecha de la directora, pues está casado con una de las talleristas de danza de la entidad. Lo que podría ser otro caso de malos manejos, la propia directora se encarga de aclarar el hecho: “Ella es la mejor profesora que tengo, pero no está contratada directamente con nosotros”, dice y cierra filas. A lo que se refiere es que para el pago de estos clubes y talleres que brinda la fgaa, existe un convenio con la Asociación de ex Alumnos y Amigos de la Academia superior de Artes de Bogotá, por lo que no hay impedimentos legales para el cuestionamiento. De nuevo, aseguran los críticos, el tema es ético.
“No pueden criticar mi gestión, porque ha sido valiosísima en estos siete años”, sentencia la directora. Es más, dice que la mayoría de los 400 eventos que realizan al año son de gran calidad, incluidos las peñas de mujeres, la música en el muelle y los masivos conciertos de rock.?Nadie discute la importancia del Premio Luis Caballero. Su próximo gran proyecto, del que habla emocionada, será abrir un espacio en los centros comerciales para el arte. “Queremos colonizar esos lugares para hacer eventos de calidad, para acompañar y asesorar los espacios. Incluso, la gente puede conocer mejor a sus artistas”, revela.
Luego de escuchar a varios disidentes que se atreven a hablar, queda la impresión que en el fondo la bronca está en que Alzate maneja su fundación con una autonomía de criterio de tal magnitud, en gastos y proyectos, que los desconcierta. “En todas las gerencias el tema es fatal, porque es donde más ha tratado la directora de influir”, explica Cerón, a lo que añade Lucas Ospina: “El problema es que la Fundación tiene limitaciones administrativas grandes para manejar algo que manejaba toda una secretaría”. Con más ironía, Antonio Caro sostiene que lo bueno de la Fundación son “los cocteles de inauguración de los eventos, donde literalmente echa la casa por la ventana”.
Muchas de estas voces ya tocaron las puertas de la Secretaría de Cultura del Distrito, a cargo de Catalina Rodríguez. Ella dice que no está muy enterada de la polémica, pese a que los artistas tienen copias de las cartas donde le piden asumir el control de la situación. Como recién está posesionada en la era de Samuel Moreno, este problema cayó en sus manos tal como lo estableció la reforma de 2006, por lo que las herramientas para frenar las quejas son muy pocas. “Somos la cabeza del sector, hacemos un seguimiento de las políticas, pero las entidades adscritas tienen autonomía financiera y administrativa”, afirma Rodríguez.
Por este motivo, y para evitar los actuales inconvenientes, la secretaria de Cultura revela que en el nuevo Plan de Desarrollo de los próximos cuatro años, que actualmente se discute en el Concejo, se va a crear el Instituto de las Artes, en el que van a confluir todas las expresiones artísticas del Distrito. “Es el ideal, porque una misma entidad agrupa y ejecuta todos los programas de las distintas áreas”.
—¿Pero eso significa quitarle las funciones a la FGAA?
—La Fundación haría lo que venía haciendo anteriormente. Esta existía antes de la reforma, y entonces va a seguir como una entidad con una serie de actividades y con una programación de apoyo a manifestaciones artísticas.
Con esta noticia deben estar felices los opositores a la gestión de Ana María Alzate. Sin embargo, uno de ellos me aclara que este tema de la creación del Instituto es un cuento viejo, pues también estaba planteado en la pasada reforma y, por asuntos políticos, todo quedó en manos de la Fundación.
Así que mientras el tema no se concrete, al menos tres artistas me aseguran que seguirán con medidas para denunciar los manejos de la Alzate. No descartan otra toma pacífica. Es más, en estos días van a enviar una carta a la Contraloría Distrital para que se ocupe del asunto de Chique, con copia al alcalde de la ciudad, Samuel Moreno, quien en últimas es el que tiene la última palabra, por ser el responsable de la gestión de sus funcionarios en la era de la “Bogotá Positiva”.