El 15 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella dio una instrucción pública a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que desaparecieran de los espacios públicos las representaciones que él considera una apología del terrorismo. La orden quedó registrada en video y fue reproducida en un comunicado oficial del propio Ministerio. Ese mismo día, más de treinta piezas fueron retiradas del Museo Nacional de Colombia. Entre ellas había afiches de los candidatos presidenciales asesinados Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa, pero también documentos sobre movimientos feministas, organizaciones LGBTI, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Las fotografías muestran paredes vacías, marcas de los objetos retirados y una exposición cuyo relato ha quedado interrumpido.
El episodio es preocupante por varias razones. La primera es la intervención directa del poder político sobre una curaduría institucional. La segunda es la rapidez con la que se ejecutó la decisión. Y la tercera, posiblemente la más importante, es que existen normas que regulan la actividad de los museos, la protección del patrimonio y las competencias de los funcionarios públicos. Una orden presidencial no puede dejar sin efecto esas disposiciones.
Hay que recordar que la sala Hacer sociedad no fue una exposición improvisada. Su guion fue revisado en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, mediante un documento de más de doscientas páginas y con participación de cuatro comités curatoriales. Esto permite descartar, de entrada, la idea de que se trataba simplemente de una exposición diseñada para promover los intereses del gobierno anterior. Era el resultado de un proceso de investigación, selección y construcción de un relato museológico que había atravesado distintas administraciones.
Por supuesto, los museos pueden modificar sus exposiciones. Ninguna curaduría debe considerarse definitiva y toda interpretación histórica está abierta a revisión. El problema no es que una sala pueda transformarse, sino cómo, por qué y bajo qué procedimientos se transforma. Una revisión curatorial requiere investigación, argumentos, deliberación profesional y una justificación pública. Nada de esto puede sustituirse por la inconformidad de un gobernante frente a determinados personajes o acontecimientos históricos.
Lo que establece la ley
La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, contiene una disposición que debería ser el punto de partida de esta discusión. Su artículo 1, numeral 4, establece expresamente: “En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales”.
La formulación no deja mucho espacio para interpretaciones complacientes. La prohibición está dirigida al Estado, precisamente porque sus autoridades disponen de los instrumentos administrativos y políticos para intervenir sobre las instituciones culturales. El Gobierno puede formular políticas, establecer prioridades y promover determinados programas, pero esas competencias no lo autorizan a eliminar contenidos por desacuerdos ideológicos.
A esta disposición se suman otras normas que vale la pena recordar:
| Norma | Obligación del Estado |
| Constitución, artículo 20 | Garantizar la libertad de expresión e información y prohibir la censura. |
| Constitución, artículos 70 y 71 | Promover el acceso a la cultura, reconocer la igual dignidad de sus manifestaciones y proteger la libertad de expresión artística. |
| Constitución, artículo 72 | Proteger el patrimonio cultural de la Nación. |
| Constitución, artículo 209 | Actuar conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. |
| Ley 397 de 1997, artículo 1 | Prohibir la censura estatal sobre los proyectos culturales. |
| Ley 1448 de 2011, artículo 143 | Impedir que las instituciones del Estado promuevan una historia oficial que restrinja el pluralismo y la libertad de pensamiento. |
Esta última disposición resulta particularmente pertinente. La Ley de Víctimas establece que las instituciones estatales no pueden promover ejercicios de construcción de una historia o verdad oficial que nieguen o restrinjan los principios constitucionales de pluralidad, participación y libertad de expresión. La norma reconoce que el Estado tiene responsabilidades frente a la memoria, pero no puede convertirlas en la imposición de una versión única del pasado.
También existe un precedente constitucional importante. En la Sentencia SU-626 de 2015, relacionada con la exposición Mujeres ocultas, de María Eugenia Trujillo, en el Museo Santa Clara, la Corte Constitucional defendió la libertad de expresión artística frente a quienes pretendían impedir una exhibición por considerarla ofensiva para sus creencias religiosas. La Corte recordó que los museos no son espacios de unanimidad y que el Estado tiene obligaciones de neutralidad frente a los contenidos artísticos (No deja de ser paródico (o sorprendente) que la exposición de Trujillo se realizó en un museo bajo la dirección de Constanza Toquica, quien hoy es la directora encargada del Museo Nacional).
La situación actual tiene una diferencia relevante: no fue un particular quien solicitó judicialmente impedir una exhibición, sino el propio presidente quien anunció una orden de retiro. Si el Estado está obligado a proteger las exposiciones frente a la censura, resulta difícil justificar que sus autoridades sean quienes la promuevan.
Las competencias no desaparecen por una orden superior
Hay otro asunto que no debería pasar inadvertido. Los museos públicos cuentan con políticas y procedimientos para el manejo de sus colecciones. La Política de colecciones de los museos del Ministerio de Cultura, aprobada en 2017, establece que el movimiento de piezas dentro y fuera del museo debe ser determinado y autorizado por la dirección, junto con el curador correspondiente y el coordinador de gestión de colecciones. También exige mantener actualizado el registro de ubicación, documentar los cambios en el estado de conservación y garantizar que los objetos sean manipulados por personal capacitado.
Sería necesario comprobar la versión vigente de estos procedimientos y establecer si se cumplieron durante el retiro de las piezas: ¿qué procedimientos pueden haberse seguido cuando la instrucción presidencial y la ejecución del desmontaje ocurrieron en la misma jornada?
No sabemos todavía si existen actas de movimiento, informes de conservación, autorizaciones curatoriales o documentos técnicos que justifiquen la decisión. Precisamente por eso deben hacerse públicos.
El presidente tiene competencias de dirección sobre la administración nacional, pero no puede ejercerlas al margen del ordenamiento jurídico. Por su parte, la ministra y la dirección del museo tienen responsabilidades propias que no se extinguen por recibir instrucciones de un superior. El Código General Disciplinario exige a los funcionarios cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos, y ejercer sus funciones con diligencia e imparcialidad.
La obediencia jerárquica no convierte automáticamente cualquier orden en una actuación legítima. Este es uno de los principios que hacen posible distinguir una administración sometida al derecho de otra que depende de la voluntad de quien ocupa temporalmente el poder.
Los objetos no son simples elementos decorativos
La retirada también plantea un problema patrimonial. Las piezas del Museo Nacional forman parte de colecciones que han sido investigadas, documentadas, adquiridas o recibidas mediante donaciones. Su conservación y exhibición comprometen recursos públicos y responsabilidades institucionales.
No hay evidencia suficiente, por ahora, para afirmar que los objetos hayan sufrido daños físicos. Esto deberá establecerse mediante una inspección técnica. Sin embargo, el posible deterioro material es solo una parte del problema. También corresponde determinar si hubo afectaciones al montaje, gastos injustificados de desmontaje o pérdida de recursos invertidos en dispositivos museográficos.
La Ley 397 de 1997 contempla sanciones para determinadas infracciones contra el patrimonio cultural, especialmente respecto de los bienes de interés cultural. La Ley 610 de 2000, por su parte, permite investigar perjuicios al patrimonio público cuando se cumplen los requisitos de la responsabilidad fiscal. No significa que toda modificación museográfica constituya un detrimento patrimonial. Significa que una intervención apresurada e injustificada puede tener consecuencias que deben ser examinadas.
Hay, además, una afectación propiamente museológica. Una curaduría no consiste en reunir objetos y colgarlos en una pared. Supone establecer relaciones entre documentos, imágenes, acontecimientos y procesos históricos. Retirar una serie de piezas modifica esas relaciones y, por tanto, el significado de la exposición. La alteración del relato es parte del efecto de la decisión.
Representar la historia no es hacer apología
El argumento presidencial para justificar el retiro de las imágenes de Carlos Pizarro es que constituirían una exaltación del terrorismo. Esta interpretación confunde dos operaciones distintas: representar históricamente un acontecimiento y celebrarlo políticamente.
Un afiche de campaña presidencial de Carlos Pizarro no equivale a un homenaje al M-19. Documenta, entre otras cosas, el tránsito de una organización armada hacia la participación electoral y el asesinato de un candidato presidencial después de su desmovilización. Del mismo modo, el afiche de Bernardo Jaramillo Ossa permite comprender la violencia ejercida contra la Unión Patriótica y contra la participación política en Colombia.
Nada impide que un museo examine críticamente las actuaciones de las guerrillas, sus responsabilidades en la violencia y el sufrimiento de sus víctimas. Por el contrario, debería hacerlo con el mayor rigor posible. Pero ese trabajo no se consigue eliminando documentos que incomoden al presidente. Se consigue ampliando las fuentes, profundizando la investigación y ofreciendo interpretaciones que permitan comprender la complejidad histórica.
Más desconcertante resulta que la intervención se haya extendido a objetos relacionados con los movimientos feministas, las comunidades LGBTI, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz. ¿Cuál es la relación entre estos testimonios y la supuesta apología del terrorismo? ¿Qué criterios justifican su retiro? ¿Quién tomó esas decisiones y con qué autoridad?
Son preguntas que requieren respuestas institucionales, no declaraciones ideológicas.
Una batalla cultural con recursos públicos
El presidente ha llamado a su proyecto una “contrarrevolución cultural”. Tiene derecho a defender sus posiciones y a proponer una política cultural acorde con su programa de gobierno, dentro de los límites constitucionales. Lo que no puede hacer es convertir las instituciones públicas en instrumentos para suprimir las expresiones históricas y culturales que contradicen ese programa.
La paradoja es que, en su discurso del 15 de octubre, el presidente sostuvo que la cultura no debía utilizarse como instrumento ideológico ni convertirse en una versión oficial al servicio del gobierno de turno. Sin embargo, ese mismo día dio una instrucción explícita para eliminar determinadas representaciones históricas de los espacios públicos.
Lo ocurrido exige actuaciones concretas. La ministra de Cultura y la dirección encargada del Museo Nacional deben informar quién ordenó cada retiro, cuáles fueron sus fundamentos, qué procedimientos se siguieron, dónde se encuentran las piezas y cuál es su estado de conservación. La Procuraduría debería examinar posibles incumplimientos de deberes administrativos y la Contraloría determinar si existen perjuicios económicos que justifiquen una investigación fiscal.
La Ley 472 de 1998 contempla, además, la acción popular como mecanismo de protección del patrimonio público y cultural. Esta vía podría utilizarse para solicitar medidas de protección y, si se acreditan los presupuestos jurídicos correspondientes, la restitución de las condiciones museográficas afectadas.
No se trata de exigir que las exposiciones permanezcan inalteradas. Se trata de exigir que sus transformaciones respondan a procedimientos, conocimientos y responsabilidades públicas, y no a decisiones ideológicas ejecutadas de manera inmediata.
Lo más preocupante del episodio es el precedente que puede establecer. Si un presidente puede ordenar públicamente la retirada de piezas del Museo Nacional y conseguir que la decisión se ejecute de inmediato, ¿qué garantías tienen los demás museos, archivos, bibliotecas e instituciones culturales del país?
Las fotografías de las paredes vacías son el resultado visible de una decisión política. Pero detrás de ellas hay un problema institucional más importante: la posibilidad de que la autoridad presidencial sustituya las competencias profesionales y los procedimientos legales que deben proteger el patrimonio común.
El Museo Nacional no pertenece al gobierno de turno. Sus colecciones, sus investigaciones y sus relatos están al servicio de una sociedad que tiene derecho a conocer y discutir su historia, incluso cuando esa historia incomoda a quienes gobiernan. Defender ese derecho no significa adherir a una interpretación particular del pasado. Significa exigir que ninguna interpretación pueda imponerse mediante una orden jerárquica. Eso es, precisamente, lo que las normas culturales y constitucionales buscan impedir.

