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Después de ganar la alcaldía de Bogotá, el equipo de trabajo de Enrique Peñalosa registró su Plan de gobierno, un documento donde, entre otras cosas, se advertía de dónde iba a salir parte del dinero para cumplir con sus propuestas. En el numeral 7 de la sección dedicada a “Movilidad Sostenible” se lee:

“Crearemos la Agencia Distrital de Asociaciones Público – Privadas (ADAPP), una entidad que se encargará de organizar esas Asociaciones. Equipo por Bogotá ve en ese modelo oportunidades especiales para desarrollar infraestructura, adoptar modelos de gestión exitosos e incorporar buenas prácticas del sector privado en el sector público. Con ese modelo y en alianza con el Gobierno Nacional, crearemos soluciones que mejoren la movilidad, el acceso a la ciudad y la integración regional. Esta Agencia no solamente manejará los proyectos en infraestructura vial, sino también en otros temas como educación, cultura y salud.”

El modelo suena bien; incluso ético: agentes privados dotados –básicamente– de buena fe administran recursos públicos. La fórmula mágica de la responsabilidad supuesta y el beneficio para todos. Lo que en este caso se traduciría más o menos en que de un plan de desarrollo de 88 billones de pesos, el 34% surgirá de esa clase de iniciativas. Hay quienes dicen que el costo a largo plazo será más alto y esos beneficiarios no serán todos sino, como suele suceder, solamente quienes invirtieron. Los responsables de la infraestructura administrarán la superestructura. Según el periodista Camilo Vega Barbosa la distribución de beneficios funcionaría más o menos así:

“Para el caso de los colegios, el privado construye el edificio, las canchas, las bibliotecas y el resto de la infraestructura, además debe aportar los equipos necesarios, como pupitres, tableros y libros para la biblioteca. Una vez terminada la construcción, el consorcio presta los servicios asociados al proyecto, que van desde el mantenimiento de la infraestructura hasta la alimentación de los estudiantes, entre otros.”

En este caso, se debe creer que los libros serán los necesarios y la alimentación será balanceada, fresca o suficiente. Y que a los profesores disconformes con el menú no los van amenazar, por ejemplo.

Respecto al arte visual sucede algo parecido. El 8 de abril de este año, circuló un comunicado de la Secretaría de Cultura donde se anuncia una relación entre esa entidad y una tienda de café monopólica “para promover el arte urbano”, cuyos términos serían los siguientes:

-Un vendedor de tintos invirtió mucho dinero en una tienda ubicada en un sector donde el metro cuadrado cuesta demasiado.

– A la tienda le sobraba una pared que daba hacia la calle y cuando funcionaba el local, no podía hacerla redituable. Entonces la mandaba pintar de color sangre seca, le ponía logotipos o la tapaba con materas, pero el resultado no le satisfacía.

-El vendedor debió reformar la tienda.

-Antes de que terminen la obras de la más reciente renovación, la pared inútil va a ser escenario privilegiado de un cambio radical.

-Para hablar de ese cambio, se publican videos donde grafiteros/emprendedores defienden el hecho.

Como en el caso de la ADAPP, los resultados serán todo menos cuestionables. Por ejemplo, en la noticia comentada, se aclara que la experiencia se repetirá en otras tiendas de la ciudad (pintados para todos); de hecho, se resalta que se va a permitir la aparición de “arte urbano de una forma más organizada en la capital” (tinto y orden); que “la marca Juan Valdez valora a los artistas jóvenes colombianos y nos encanta que podamos adornar nuestra ciudad con su arte» (tinto y afecto); y que la selección fue súperdemocrática, la pieza «Yurika», de Ricardo Vásquez “ganó por cerca de 40.000 votos, de 87.000 interacciones digitales” (tinto y likes).

La imagen comenzó a ser reproducida ayer y concluirá el martes siguiente. En seis días se materializará la fábula del grafitero juicioso, cuya moraleja permanece en boca de la actual secretaria

“una ciudad puede desarrollarse a través del arte urbano, siempre y cuando esta práctica sea responsable, se practique en espacios autorizados por el Distrito y se respete y valore el patrimonio cultural, así como los espacios privados”.

Seguramente el grafiti saldrá muy bien, será una obra que despertará la admiración general y enriquecerá la interpretación conceptual del mercado del café en Colombia. Si sucede, algo que en el mercado inmobiliario se denomina valorización –y que suele verse afectado por este tipo de acciones– entrará a funcionar. Así, el saldo a favor será mayor. Lo que debería cuestionarse aquí es si era necesario que para crear el ambiente propicio a la aparición de ese beneficio (que solo encauzará uno de los actores del hecho), debió implicarse la Secretaría de Cultura.

Sobre todo porque habría de preguntarse si Procafecol no contaba con proveedores que le dieran pintura o no podía diseñar el concurso y pagarle al artista que quisiera. En realidad, nunca queda claro en esta APP Juan Valdez-SCB, de qué manera se involucró la Secretaría en el negocio: si pagó por los andamios, si financió la pintura, si cubrió el seguro médico de los artistas, si los inscribió en cursos de alturas certificados, si se encargó del catering de tinto para los participantes (la misma secretaria, los subalternos, los señores de Procafecol, los artistas, sus ayudantes), si diseñó el modo de acceder a la imagen que se realizará, si emitió conceptos para obtener las licencias de uso del espacio. De hecho, si se unió para no perder o lo hizo con la idea de financiar a una empresa que, si le creemos a su oficina de Relaciones Públicas, acompañamiento del Estado es lo que menos necesita.

–Guillermo Vanegas