Una acción popular interpuesta por residentes aledaños al Parque de la Independencia e impulsados por el colectivo Habitando el Territorio, acaba de lograr que se suspenda la construcción del Parque Bicentenario, incluida en el contrato de la Fase III de Transmilenio y que, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), estaría lista a finales de este año.
En principio, el proyecto del Parque del Bicentenario fue diseñado por Rogelio Salmona con la intención de ampliar el Parque de la Independencia y recuperar el espacio que éste había perdido cuando fue atravesado por la calle 26 a comienzos de los años 60. Tras la muerte de Salmona, los diseños fueron continuados por Juan Camilo Santamaría, pero luego llegaron a manos del arquitecto barranquillero Gian Carlo Manzzanti y el concepto cambió: el área de intervención se extendió hasta el interior del parque.
Guillermo Fischer, profesor de la maestría de arquitectura de la Universidad Nacional, afirma que la reacción que la obra generó en los residentes radica no sólo en que el Parque de la Independencia está en el área de influencia del Conjunto Torres del Parque, declarado Bien de Interés Cultural en el ámbito nacional, sino que la intervención del proyecto no respeta la morfología del espacio, no está en diálogo con la comunidad y resulta impositiva.
El nuevo diseño “implica que se talen los árboles del parque para sobreponer jardineras y graderías, con las cuales se modifica el ambiente del Quiosco de la Luz, único remanente de los edificios construidos para la celebración del Centenario”, cuenta Fischer.
Por estos motivos, entre otros, el colectivo Habitando el Territorio, compuesto por residentes del sector, impulsó la imposición de la acción popular, mediante la cual se logró suspender la obra el pasado jueves, argumentando que por mandato del “Decreto 1905 de 1995, el perímetro del Parque de la Independencia forma parte de un Monumento Nacional, el Conjunto Torres del Parque”.
El Parque de la Independencia no es, según el Ministerio de Cultura, un bien de interés cultural, sino que está en el área de influencia de un bien de interés cultural. Sin embargo, para construir en las áreas de influencia es necesaria una autorización del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Autorización que, según Luz Helena Sánchez, vocera de Habitando el Territorio, no existe.
La inversión que el IDU había hecho en la obra hasta el momento alcanza los $7 mil millones. El director del Instituto, Héctor Pinilla, aseguró que la decisión no afecta los cronogramas ni el desarrollo de las troncales de Transmilenio por la calle 26 y la carrera 10.
Sánchez afirmó que aunque en una reunión realizada ayer con la alcaldesa Clara López, se propuso llegar a un pacto para replantear el diseño de la obra, la administración no estuvo de acuerdo debido a que los contratos ya han sido adjudicados y anunció que interpondrá un recurso contra la providencia. Según Sánchez, “a la alcaldesa se le hicieron saber ilegalidades presentes en la contratación de esta obra y el director del IDU se comprometió a pedir un estudio jurídico y un inventario de la misma, para saber qué es y qué no es reversible”.
publicado por El Espectador