La Sociedad De Los Artistas Versus La Fundación Alzate

Algunos aspectos de este texto pueden resultan desactualizados, en la medida que los hechos prácticos de la vida social del arte local han cambiado. Me refiero con esto a la aprobación del Instituto de las artes, por ejemplo.

Por razones de espacio y tiempo, he decidido publicar este ensayo tal cual se creó en primera instancia. Algunos asuntos, como las motivaciones iniciales del debate en EP (remember Iovino), aparecen sin mención explícita, porque el texto terminó derivando sobre un aspecto que me parece importante: la manera en que se construye la opinión pública a partir de una esfera abierta y descentralizada, y mi inclinación por una esfera más cerrada, donde la posibilidad de generar hechos a partir de un consenso mayor se puedan generar, sin llegar a extremos de militancia ideológica que anulen la heterogeneidad de ideas que circulan por este espacio.

En el caso del dinero que estuvo embolatado por culpa de mafias financieras, este ha sido restituido en su totalidad por la entidad que lo custodiaba, sin que hasta el momento la investigación haya arrojado alguna culpabilidad de algún miembro de la FGAA. Aún así, por este foro sigue circulando la afirmación de que el dinero se lo robaron… dejando en el aire una pésima reputación a la calidad de las denuncias que desde acá se instauran. Hay que superar el síndrome de “Cachifo acusetas panderetas” del cual nadie se ha salvado, que indudablemente afectan la credibilidad de este espacio.

 

 

LA SOCIEDAD DE LOS ARTISTAS versus FGAA

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Ubicada en la esquina noroccidental de la calle 10 con segunda, la antigua casona – que desde tiempos de la colonia sirvió de hogar para los representantes del poder imperial – aloja desde la década del setenta, en el siglo pasado, a la fundación Gilberto Alzate Avendaño.

La FGAA nace a la vida pública de la ciudad el 18 de noviembre producto del acuerdo 012 de 1970 del Concejo Distrital, teniendo como sustento que el día 26 de noviembre de 1970 se cumplía el décimo aniversario de la muerte de quien la institución deriva su nombre.

Hago esta aclaración respecto de un artículo publicado en la revista Semana donde se podía leer el siguiente comentario: quienes conocen la historia de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño dicen que esa casa en el barrio La Candelaria, que lleva el nombre del líder conservador, siempre fue una entidad privada que, gracias a los oficios y las buenas relaciones de su actual directora, Ana María Alzate, se convirtió en los años 90, y por decreto, en una entidad pública.

Me parece importante resaltar el carácter distrital que siempre ha tenido la fundación, porque permite mirar su funcionamiento dentro de un espacio regido por leyes, estatutos y recursos públicos, lo cual abre un lugar de discusión para los intereses de todos aquellos que pueden sentir una fascinación especial por el accionar de la res publica.

 

Pocas instituciones en el campo de la cultura local han vivido recientemente un seguimiento tan crítico de sus actuaciones como la FGAA, especialmente en las revistas y secciones especializadas del sector como Arcadia, Arteria, la ya mencionada Semana y aquí en EP.

La historia reciente de la FGAA da un giro importante cuando la administración del Alcalde Garzón logra que el concejo le apruebe la reforma administrativa que, entre otras, lleva al IDCT a convertirse en Secretaría de Cultura, recreación y deporte.

La reforma entonces le traslada a la FGAA la responsabilidad de asumir las gerencias de artes plásticas, de literatura y de audiovisuales, conteniendo además la administración de la galería Santa fe y la cinemateca distrital entre otros.

A partir de esta nueva historia la FGAA pasa de ser un ente menor a protagonista de la institucionalidad local en materia de artes plásticas.

Quiero aclarar que para el objeto de este artículo se tendrán en cuenta exclusivamente los aspectos y las funciones relativas al arte, tanto en su gestión interna, como en las relaciones difíciles que este nuevo escenario ha supuesto para la esfera social del arte y sus agremiados.

El florero de Llorente de una situación que alimentaba ya una latencia incendiaria, se da cuando es nombrada Berna Chique en la galería Santa Fe como coordinadora general. De alguna manera un sector de la comunidad artística presume que su patrimonio estético se puede ver seriamente afectado cuando se nombra una persona que para ellos no representa sus intereses, o no está en capacidad de generar un diálogo fluido con el grueso poblacional de un circuito complejo en sus procedimientos y actuaciones.

La primera voz que se hace oír en el ágora virtual de EP es la de Lucas Ospina  (http://esferapublica.org/nfblog/?p=1230), quien mediante un breve comentario denuncia el eventual nepotismo y las calidades inexistentes de la designada para ocupar tal cargo. Es decir, no posee la idoneidad para ejercer dicha responsabilidad (Víctor Albarracín). Un aspecto que me ha llamado poderosamente la atención es la descalificación sesgada (se crea una tensión peligrosamente academicista donde la dialéctica repulsiva de la exclusión-inclusión adquiere un tono que se construye de títulos, maestrías, posgrados, doctorados y toda la parafernalia de convalidación del saber mediante certificados, es decir, las horas hombre sentados escuchando la transmisión del conocimiento mediante las técnicas orales que ofrecen las instituciones universitarias ) a partir de su hoja de vida, es decir, la Sra. Berna Chique no posee el nivel profesional porque cuenta sólo con un título de bachiller y un estudio no formal de diplomado, reemplazando a quién tenía una carrera de filosofía, una de artes plásticas y amplia experiencia en el campo artístico, es inevitable que se produzca un malestar en mucha gente al no encontrar un interlocutor suficientemente idóneo (Jaime Cerón).

De acuerdo con las directivas de la FGAA la labor de Berna Chique es de coordinación administrativa y no se relaciona con los aspectos procedimentales de conceptualización y producción a nivel artístico. Desde la gerencia de artes plásticas se elabora todo el programa de actividades que tienen que ver con el cronograma de exposiciones que adelanta la galería.

Aquí el debate sobre el nombramiento de Berna Chique puede dejar de lado el aspecto positivo de la denuncia (idoneidad, nepotismo), para revelar una cara de la moneda que ha estado oculta: las relaciones de poder entre un orden institucional y un nuevo orden liderado precisamente desde la academia privada por actores visibles (Lucas Ospina, Guillermo Vanegas) que pueden – eventualmente – involucrar intereses que trascienden la opinión privada y generar algún tipo de tangencialidad con las instituciones a las cuales aparecen laboralmente vinculados.

La crítica institucional figurada por el debate en EP dejar ver unos intereses que trascienden la preocupación básica por un estado de los organismos ejecutores de las políticas culturales, llevando este hilo discursivo a un terreno difícil, donde las inevitables relaciones de poder iluminan sus propios intereses, siendo este un aspecto que no debe pasarse por alto.

La primera conjetura para esta hipótesis reside en el carácter difuso que asume la disputa entre la FGAA y la mal llamada comunidad artística, en el término que esta comunidad no posee representantes directos ni aparece articulada por un sustento teórico que recoja unas peticiones específicas y relacionadas al interior de una colectividad que halle cohesión alrededor de estas mismas demandas.

La arquitectura del debate en EP parte de un presupuesto que habla de inquietudes privadas que aparentemente recogen unos cimientos de orden público que permanecen en estado latente. El carácter anónimo y heterónimo que poseen algunas firmas que participan así lo comprueba y Gina Panzarowsky es apenas un ejemplo. Quienes firman con sus propios nombres, ¿hablan desde una posición privada que recoge el pensamiento fáctico que circula por la instituciones a las que están vinculados laboralmente? o como en las películas de ficción, ¿cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia?, y ¿sus apreciaciones nunca reflejan el pensamiento oficial, ni siquiera subrepticio, de la institución a la que pertenecen y pasan como simples nichos privados de opinión?

Este es un asunto que se debe enderezar, porque en su continua escenificación ahoga la pretendida construcción de un discurso público representativo de algo, de alguien o de algunos y simplemente se campea por este foro como un diálogo de cacatúas encerradas en una jaula de cristal.

Si las afirmaciones que por EP circulan son meros desvaríos de orden privado como fieles representaciones de micro esferas discursivas, pluralistas y civilizadas, se puede afirmar que la posibilidad de representar y configurar una trama legítima de intereses definidos no existe y por lo tanto aquí, los que participan, somos un cúmulo disperso de opiniones descentralizadas incapaces de argüir coherentemente cuando los intereses generales aparentemente sufren algún tipo de contravención. La situación presentada en el debate en mención así parece demostrarlo.

La pregunta entonces puede ser: ¿Desde dónde habla la voz que habla? ¿Recoge esa voz una expresión de una configuración pública que aun no existe? ¿Es real la posición de ese discurso como pretensión que aspira construir una opinión pública? Y qué es esa opinión pública sino la reafirmación de unos intereses ciudadanos que por algún motivo la institucionalidad imperante pretende arrebatar?

No olvidemos que lo público cuando adquiere demandas legítimas de reivindicación muta hacia lo político (entendida esta definición de lo político como el espacio jurídico que absorbe y regula las consideraciones de la vida social) y lo político, al absorber e incorporar las demandas públicas toma el rostro de lo institucional.

Considero, entonces, que los alegatos en contra de la posibilidad de construir un consenso general, representativo de unos intereses igualmente generales, no pasa de ser una oportuna deriva para momentos cuando la construcción de la esfera pública ha sido permeada por el diálogo edificante entre facciones antagónicas. Un enemigo tenaz de estas presunciones es la permanente búsqueda de legitimación del accionar interno en los espejos de cristal que ofrece el pensamiento dominante del mundo desarrollado, construido a partir de la experiencia y que en algunos casos, para nuestro medio, representa una peligrosa traducción de observaciones teóricas que no son necesariamente homologadas en el laboratorio social de la vida cotidiana en términos pragmáticos.

Un aspecto importante – por ejemplo – a considerar es el curso que tomó la reforma y las diferentes consideraciones que surgieron desde su aparición en el escenario de la discusión como posibilidad.

En la entrevista que concedió Jaime Cerón a la revista Arteria se vislumbran diferentes aspectos que rodearon este proceso y permite develar una crítica fuerte que se le puede señalar al componente artístico: su total desprecio por los mecanismos de participación que ofrecen los espacios concertados en donde los diferentes sectores pueden plantear sus necesidades.

Parece existir una especie de consenso entre algunos miembros de la comunidad artística de que los hechos sucedieron de una manera arbitraria, como si el “componente político” de alto nivel (léase Alcaldía y Concejo Distrital) hubiera complotado para afectar los intereses de los diferentes sectores de la cultura local, especialmente cuando se aborda el tema del Instituto de las artes, que aparece mencionado en la entrevista en varias oportunidades por parte de Jaime Cerón y en el panorama actual figura como un proyecto importante para la Secretaría de cultura, recreación y deporte.

Para Gina Panzarowsky resulta curiosa la permanente invocación de una especie de complot por parte del Concejo, cuando mediante la revisión del proyecto de acuerdo que presentó la Alcaldía en tiempos de Luis Eduardo Garzón y las discusiones que siguieron en el Concejo de Bogotá, recogidas mediante actas, no aparece mencionada por ninguna parte dicha figura.

En la entrevista ya referida Jaime afirma: Pero la idea que estaba en la reforma, en el papel hace unos años, que fue la que se concertó y discutió con los sectores artísticos y culturales de la ciudad, señalaba que el IDCT, cuando se convirtiera en Secretaría de Cultura, iba a ser reemplazado por un instituto específico para el tema de arte que cohesionara toda la labor de ejecución de políticas en programas y actividades concretas para todos los sectores artísticos…. Más adelante agrega: Según entiendo la decisión de la reforma dependió del Consejo de Bogotá, que es una instancia pública no siempre acompañada de legitimidad dentro de la ciudad por sus manejos políticos de diversos temas. Allí se planteó que había entidades con un carácter similar en términos estatutarios y jurídicos al IDCT que eran la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que podían asumir esas tareas…. rematando con la siguiente sentencia… donde manda capitán no manda marinero, porque al parecer un proyecto que se construye adecuadamente desde la base, se desdibuja cuando llega a la capa superior que toma las decisiones de fondo, léase gabinete distrital y Concejo de Bogotá. En la reforma del distrito no sabemos qué modificaciones hubo en esas instancias y a qué intereses obedecían.

Es interesante de analizar esta respuesta porque abre un espacio para indagar por las variantes que operan en las pretensiones que la sociedad civil articula para que sean incorporadas en los idearios que legalizan estas aspiraciones.

Es muy probable que en algún momento se haya planteado la creación de dicho Instituto de las Artes, sin embargo lo repito, en el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía el jueves 25 de mayo de 2006 al Concejo de la ciudad dicho instituto no aparece mencionado por ninguna parte, lo que por supuesto provocó que en el Concejo no se diera ningún debate sobre un tema que nunca existió en el preacuerdo.

Resulta bastante curioso que actores directos como Victor Manuel Rodríguez, quién dirigió el grupo de estudio que coordinó la reforma al sistema distrital de cultura (el organismo que media las relaciones entre sociedad civil y Estado en materia cultural) no hayan hecho un seguimiento a la propuesta que aparentemente surgió producto de la concertación entre actores culturales y gobierno de la ciudad.

Es en este hecho puntual donde se evidencia un complejo sistema que disfraza las opciones de representatividad y participación en una técnica que legitima mecanismos para invocar la voluntad primaria y ahogarla después en el proceso final. Pareciera por momentos que fueran simples actos de convocatoria del espíritu social con el propósito de crear unas falsas presunciones de autonomía que van quedando en el camino, abandonadas, como huellas de sangre en la arena de los ilegales en la frontera, que como condenados a muerte, intuyen su destino en la plataforma de una “troka” huyendo despavorida en mitad del desierto.

Eso fue lo que pasó de alguna manera con esta reforma. Y curiosamente quienes coadyuvaron desde los organismos estatales para que la masa precursora del inventario político se pronunciara sobre cuales serían los hechos puntuales que diseñarían su voluntad cultural, son los mismos que critican el desarrollo final de las acciones que culminaron en la inclusión de la FGAA como implementador oficial de esas mismas políticas. Se empieza a hacer notorio que toda la gestión de mucho tiempo en el proceso de crear un camino más despejado en la cultura, ahora se puede enturbiar, afirmó en Arcadia Cerón.

De esta manera queda la posibilidad de una reconstrucción de los eventos para establecer con claridad dónde y en qué momentos las cosas tomaron el rumbo que tomaron. En el artículo de Semana (http://www.semana.com/noticias-cultura/contrarreforma/124767.aspx) hay un párrafo que da luces sobre el tema: En 2006, Marta Senn, entonces directora del Instituto, conformó un grupo de estudio sobre lo que haría esa nueva secretaría. Senn reunió un grupo de expertos en cabeza de Víctor Manuel Rodríguez, y se decidió que la nueva Secretaría de Cultura se encargaría de dictar las políticas culturales para la ciudad y dejaría en manos de entidades adscritas la responsabilidad de ejecutar los recursos que hasta entonces gastaba el propio Instituto. ¿Cuáles eran esos institutos que pasaron por la mente de los asesores? Sería interesante conocer el documento que respaldó tal sugerencia, y a partir de ahí seguir la huella del itinerario que vivió hasta su aprobación en el concejo capitalino.

Una situación bastante clara es la poca legitimidad de los mecanismos de participación que el mismo estado invoca y consigna en sus estatutos legales. A lo largo del texto que aún subyace colgado en la página digital de la secretaría se lee todavía: La reformulación y modernización del SDC es una meta del Plan de Desarrollo y para cumplirla se tiene previsto la participación amplia de los profesionales y organizaciones que conforman los sectores del arte, la cultura y el patrimonio.

Este es el hecho crítico en este proceso: la participación. De un lado aparece consignada como un imperativo político en la constitución colombiana, y fue una filtro de imantación para que los diferentes colectivos culturales de la ciudad participaran activamente en la construcción del proyecto; sin embargo, una vez se presenta el preacuerdo por parte de la Alcaldía en el concejo, aparecen otros intereses, otras prerrogativas, otros procedimientos representativos de otros intereses que alteran y modifican el proyecto, desembocando especialmente en el traslado de las gerencias artísticas a la FGAA y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Esa sencilla ecuación establece una figura aberrante que puede destruir las posibilidades que genera el discurso participativo alterno al sufragio universal, al menos en el terreno de la cultura local, para que las voces que conforman la estructura básica social participen y construyan discursos en donde poder insertar su propia representación, sin la mediación de los interlocutores políticos legales que el mismo pueblo elige para que los simbolice.

Sencillamente no existió ningún respeto por el principio de autonomía que tal mandato figurado portaba para sí.

Por otra parte es interesante analizar el rol jugado por los actores que dirigieron el proyecto a nivel administrativo desde el antiguo Instituto. En lo relativo a artes plásticas, la lupa se centra en Víctor Manuel Rodríguez, Martha Bustos y Jaime Cerón. Lo entiendo de esta manera, porque la polémica se desplaza en las responsabilidades que asumió la FGAA y su puntualidad administrativa en las nuevas responsabilidades que le fueron atribuidas, producto de una reforma que nació desde la entraña del Instituto como un ante proyecto concertado con el grueso de los actores culturales de la ciudad.

En la revisión de este andamiaje jurídico administrativo se revela la ingeniería desplegada que desembocó en la actual situación de empoderamiento de dos sectores como la FGAA y la OFB, para de esta manera poder observar con mayor cuidado y precisión sus consecuencias.

Es interesante anotar que aquí se configura una acción de tipo operativo por parte de la opinión pública, interesada por el funcionamiento de sus instituciones en el orden legal, ético y procedimental, porque ahí reside un elemento decisivo de la democracia participativa que la actual CPC consagra de entrada en su primer artículo.

Algunos teóricos consideran que más que alcanzar consensos y compromisos, el ejercicio democrático consiste en desarrollar la capacidad y la necesidad de escuchar al otro como mecanismo de consolidación de un proceso como tal en términos de convivencia.

Existe en algunas jurisprudencias constitucionales el derecho del “pueblo de recobrar el natural ejercicio de la soberana vigilancia” de acuerdo a viejas luchas que en su momento encarnó Danton en Francia, porque de esta manera se logran establecer distancias mínimas entre los ciudadanos y las instituciones que dicen representar sus intereses o al menos aparecen sobre el papel con esa función, porque mediante ese espíritu participativo se aspira a borrar la distancia entre democracia directa y representación.

En esta pequeña figura, que aparece a los ojos de la llamada comunidad artística a partir del ejerció crítico que se ha dado por parte de un sector de la misma; la institución y los ciudadanos de la esfera sensible montan una puesta en escena que configura un debate donde los ejemplos de lo que es esa comunidad y sus intereses y lo que representa la institución y sus intereses, -que deben ser unos intereses comunes donde convergen institución y ciudadanía-, explotan en pedazos al momento en que las tensiones de relación se opacan cuando los valores dejan de estar en relativa concordancia.

La respuesta en algunos casos se ha dado mediante la invocación de los mecanismos legales que establecen las reglas entre poder institucional y ciudadanía, porque pareciera experimentarse que la FGAA excediera su razón de ser hacia el exterior y minimizara su comportamiento interno, en una suerte de juego que compromete la relación con el campo profesional artístico.

Una de esa herramientas es el derecho de petición y ya en otros casos Víctor Albarracín sugiere las vías legales de la demanda para intentar, desde la barrera del ciudadano, redireccionar las aguas desbordadas según su criterio.

Me parece que aquí se configura por primera vez la posibilidad de institucionalizar lo político en el campo del arte local, en la medida que ésta vía señala un espacio de acción por fuera de las prácticas convencionales del arte, ya sean objetuales, retóricas o conceptuales. Aquí en este caso puntual, la opinión pública evoluciona hacia un espacio de figuración de sus demandas mediante la forma política expresada en las leyes que recogen y organizan la vida en sociedad. La opinión pública en este caso se convierte en acción.

El derecho al reclamo mediante la demanda legal es la manera civilizada que encuentra la democracia para oxigenar las fuerzas revolucionarias, pero su concreción se ha convertido hoy en día – al menos en Colombia – en un asunto que exige músculo financiero y tiempo de sobra para invertir en ello, lo cual, en la mayoría de los casos, neutraliza y domestica cualquier ímpetu legítimo de reclamación. A pesar de que el ciudadano cuenta con las herramientas para manifestarse, ya sea participando, ya exigiendo, ya demandando, la trama burocrática de los mecanismos legales termina por demoler la fiera emancipación que se expresa dentro de la legalidad. La resistencia, en nuestro espacio democrático es la legalidad, pareciera sugerir Albarracín, pero al mismo tiempo advierte la inutilidad del esfuerzo por su desgastante proceso que ello implica, rematando en que la acción entonces debe terminar en negación de la fricción, mediante la sustracción de uno de los actores para debilitar los índices de gestión.

Existe además la presunción, ya enunciada anteriormente, de que se trate del enfrentamiento entre grupos de poder al interior del campo artístico. Ya en su momento la FGAA y sus actuales directivos tuvieron un amago de  “golpe de estado” por parte de algunos miembros de la comunidad gay de la ciudad, precisamente por la época en que se cocinaba la última reforma al sistema distrital de cultura.

Si se acepta esta ultima posición, se puede decir que la misma esfera del arte no es un espacio auto representativo de unos intereses definidos, al menos dentro de una infra estructura básica; sino que ellos sobreviven al vaivén de los diferentes grupos de presión que perviven al interior de la mal llamada comunidad artística.

¿Es toda forma de institución o grupo institucional, una amenaza para otro grupo concomitante, dentro de un mismo campo? ¿Son los intereses en cuestión, auténticos intereses desafectados por la institución o son simplemente, demandas encubiertas por parte de grupos de presión huérfanos de un poder anhelante?

Al parecer existe un credo bastante arraigado de desconfianza por parte  de los miembros de Esfera Pública, ante la perspectiva de crear hechos consensuados, ya por desconfianza, ya como una manera de incorporar en sus presupuestos las alternativas ideológicas y evolucionadas que toman cuerpo en los discursos dominantes.  La confrontación de intereses que se disuelven en compromisos de relativa militancia en asuntos puntuales, disipa para la comunidad cualquier pretensión mínima de unidad de criterios para enfrentar las complejas relaciones emanadas del choque interinstitucional, si aceptamos que existe un campo definido desde la comunidad artística, que igualmente pueda alcanzar algún tipo de cota institucional.

Se puede llegar a pensar que la crítica de la opinión pública, sin empoderamiento de carácter representativo, enfrentada a las instancias de poder emanadas de la institucionalidad imperante no pasa de ser una presencia cuasi que invisible en nuestro medio, donde la instancias de poder están configuradas precisamente por la ausencia de confrontaciones críticas desideologizadas desde la figura del grupo que busca, no reconstruir el poder desde el diálogo, sino desplazarlo. El desplazamiento en estos casos no es una construcción positiva de un poder incluyente provocado desde una aspiración idealista, sino la emergencia alternativa del mismo poder que pretende representar los atributos soberanos disfrazados de una aparente nueva institucionalidad.

¿En dónde reside entonces una verdadera institucionalidad, si es que ella es posible de definir? ¿A quien representa la FGAA en este momento¿ ¿Y cuales son esos intereses que no aparecen representados y que generan la protesta?

El nodo crítico del debate parece centrarse en un lugar fundamental: la galería Santa Fe.

En la anterior gerencia de artes plásticas bajo la dirección de Jaime Cerón la coordinadora de la galería era Luisa Ungar quién al parecer fue seleccionada siguiendo unos estrictos filtros de idoneidad académica y profesional. La Srta. Ungar en palabras de Cerón -repito- tenía una carrera de filosofía, una de artes plásticas y amplia experiencia en el campo artístico… Probablemente el hecho más significativo es la pérdida de interlocución del gremio plástico ante la presencia de la nueva coordinadora quien ejerce más funciones de orden administrativo que artístico. El aparente nepotismo de esta operación burocrática no es evidente, si se investiga con menos rigor juvenil la traza contractual, disminuyendo la legitimidad de la queja.

Este de nuevo es un punto que merece una ampliación de sus vectores incidentales. Estamos ante la emergencia de una aristocracia artística que afirma tener la capacidad de gerenciar proyectos como es la misma galería, desde una posición de superioridad académica. Igualmente es válida la afirmación del desconocimiento de unas reglas por parte de las directivas de la Fundación en cuanto a contratación se refiere. No hubo selección y escogencia entre diferentes personas. Más parece un señalamiento autoritario por parte de las directivas de la FGAA desconociendo cualquier posibilidad de concertación con los miembros destacados de la comunidad artística. Viejas prácticas de la política local parecieran emerger en este caso, y eso le quita unas inmensas posibilidades de gobernabilidad al difícil proyecto de construir unas relaciones edificantes entre la “comunidad artística” y la FGAA. Pero de nuevo aquí salta la incertidumbre de la mal llamada “comunidad artística”. ¿Cuál es esa comunidad artística de la que se habla pero no existe como tal?

Aquí reluce el punto en donde se hace necesaria la revisión del lugar desde donde se genera la interlocución, sea anónima o explícita.

En el debate de Esfera Pública (De regreso al futuro), prevalecen tres voces incisivas que extienden su arsenal argumentativo: Lucas Ospina, Víctor Albarracín y Guillermo Vanegas.

La construcción de la esfera pública supone un principio interesante cuando desplaza al congreso y a las cámaras y se distrae en construir una frecuencia política no oficial en los foros que la misma sociedad civil construye como prácticas sociales para debatir lo público.

Los tres personajes en mención lideran en este debate una voz articulada desde la instancia privada que recoge, en apariencia, la molestia pública no exteriorizada por el grueso de los lectores. Y es en esta circulación de ideas, impresiones y juicios dónde debe surgir una respuesta por parte del público al tomar partido, discutir la validez de la opinión o explicitar su rechazo frente a las denuncias expuestas. La circulación de Esfera Pública por la internet supone un nuevo enfoque para el espacio público llegando incluso a constituir una novedosa manera de abordar el principio de lo público representado por la calle. Sin embargo, estas afirmaciones que en la mayoría de los casos se quedan sin respuesta, pueden constituir una enajenación pérfida del espacio público convertido en lugar de estacionamiento para los intereses privados.

No se puede olvidar la operación fallida que un grupo de Facebook creó con el objeto de protestar frente a la fundación Alzate Avendaño.

Y ahí, en este caso puntual surge la mayor crisis que se le puede otorgar a la comunidad artística, en la medida que la convocatoria resultó un fracaso. ¿Cuáles son los hechos puntuales de tal desaire por la misma masa crítica de actores directos convocados por un grupo de facebook?

Fuentes confiables esgrimen la posibilidad que inventa el miedo para deconstruir el ímpetu revolucionario que nutren a estas nobles aspiraciones, especialmente porque los jóvenes artistas pueden intuir retaliaciones que afectarían a futuro sus legítimas aspiraciones de liderazgo dentro de la propia escena artística. Pero más allá del miedo al que todos tenemos derecho, pervive una espina mayor: la falta de liderazgo.

Y por supuesto no se puede hablar de un liderazgo mesiánico – del cual hemos aprendido sus peligrosas insinuaciones – sino por aquella terrible encrucijada: construcciones de discursos públicos a partir de aspiraciones disfrazadas, que recogen proposiciones públicas en latencia y que nunca son respaldadas desde premisas básicas que edifica el difícil terreno del consenso comunitario.

Si lo anterior no existe, simplemente la protesta se desbarata, por más legítimas (así la excusa sea coyuntural) que puedan llegar a ser las razones que nutren la demanda.

Aclaración final

En el comando GP existe la plena certeza de que el camino para una incipiente crítica institucional no es posible en la medida que los actores de la denuncia aparezcan salpicados de tangibles representaciones (léase intereses) interinstitucionales.

Por ejemplo, el tema de la aparente plata embolatada en la FGAA se convierte en “débil” argucia política, mientras no admitamos que se trató de una hábil treta de “guerrillas financieras” lúcidas en saquear cuentas de instituciones culturales. Cualquiera que indague un poco más en el asunto sabe que el dinero ha sido restituido en su totalidad.

Desde un comienzo de la investigación me asaltó la posibilidad de lograr una coherencia en la pesquisa, en la medida de que no solo se contaba con una sola fuente, es decir, hubo escucha hacia las voces en disputa.

Al momento de abordar la investigación surgió la problemática de contrastar las voces en crisis y obtener de ahí unas conclusiones afirmativas. Simplemente resultó imposible.

No se puede ratificar que las consideraciones de la crítica alcancen el nivel sustantivo que han pretendido diseñar. En algunos momentos alcanzan un tono prejuiciado, sin la claridad suficiente de la denuncia categórica y menos aún si se piensa que la directora de la FGAA no es precisamente un blanco fácil, en la medida que su probidad es respaldada por diferentes actores y observadores independientes de lo que representa la FGAA para el barrio La Candelaria. Sería interesante hacer un ejercicio de revisión al informe de gestión 2009 y determinar ahí esguinces propositivos, en donde la queja errática no sea la savia que alimente la bilis de la crítica institucional vía Semana, Arteria, Arcadia y otros apéndices.

Por igual, esto no significa pasar por alto las legítimas aspiraciones de control social que puede ejercer la mal llamada comunidad artística, sin embargo, frente a este reto siento que estamos muy mal parados en la medida – lo repito – que la posibilidad del discurso aún es difuso porque sus líderes pretenden seguir hablando desde posiciones privadas que no logran construir consenso desinstitucionalizado.

Quiero resaltar la interesante labor editorial adelantada desde ERRATA. Nunca antes se había visto en nuestro medio una publicación de tal calidad. Estoy segura que este tipo de publicaciones constituyen una iniciativa que entrelaza la producción local al contexto latinoamericano y que por supuesto hay que respaldar. Recomendar no leerla es muestra triste del espíritu que anima a nuestros hombres.

De acuerdo a declaraciones oficiales de Ana María Alzate, la galería Santafe NO sale del planetario hasta tanto no cuente con sede propia definida. Mientras, sus actividades seguirán en el planetario

Sería interesante que aprovechando esta situación, las instituciones como la FGAA, la Secretaría de Cultura, sus prohombres (Víctor Rodríguez a la cabeza, quién nunca respondió unas breves preguntas de GP) y especialmente la omnipresente (pero invisible) comunidad artística lideraran algún tipo de propuesta para que la ciudad cuente, con la excusa de buscarle lugar a la galería, un verdadero centro de arte contemporáneo.

 

Gina Panzarowsky

Galaxia Blogotana

Junio 6 de 2010