El Paquidermo Contra La Mantaraya: Una Fábula Sobre La Libertad De Expresión En Colombia

«Os exhorto, por la sangre de Cristo, a que admitáis la eventualidad de que pudierais estar equivocados» – Anónimo (citado por S. Haffner en Memorias de un Alemán).

“Los derechos y las libertades o se usan o se pierden”. –Carl Sagan.

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Desde que Liliana Angulo cuestionó el contenido del artículo, con tono acre y mirada metálica, supimos que las cosas iban a complicarse. Cuando recibió la revista, la ojeó con avidez y pronto se encontró con un subtítulo en negrilla que dice: “Hablando con Jorge Jaramillo”. Él es su jefe y esa tarde estaba presente, también ojeando la revista y sumergido en un silencio conventual. En una inflexión efervescente, Liliana reclamó por el lenguaje empleado en ese artículo. Con un disgusto apenas disimulado, interrogó también por el contenido: ¿Cómo era posible que la entrevista con su jefe, Jorge Jaramillo -quien seguía al lado apretando los labios- hubiera comenzado con una pregunta que indagaba sobre supuestos “chanchullos” en la Fundación? A duras penas lograba atenazar su cólera. Se le respondió con monosílabos, con silencios que acaso reclamaban por la intromisión. El encuentro terminó más pronto que tarde, con una despedida tan cordial como tensa.

Para leer apartes de la entrevista con Jorge Jaramillo, pulse aquí

Pocos días después, el 27 de junio y por teléfono, se nos ordenó detener la distribución de nuestra revista. Nos citaron también a una reunión “de carácter urgente” con Jorge Jaramillo, para el día 30 de junio a las 5 de la tarde. Al conocer la orden, Edith, nuestra directora y la periodista del grupo, contrajo la frente y endureció la mirada. Le consultó a algunos abogados y les repetía: “Nos prohibieron distribuir la revista”, como buscando en ellos alguna señal del estupor que ella sentía. Pero nadie parecía perturbado. “Hay que ver…  Hay que ver por qué tomaron esa medida y qué es lo que quieren”, le respondían. Flotaba en el ambiente de la revista un aire de malos tiempos por venir.

La reunión “de carácter urgente” comenzó puntualmente. “Vamos a dejar todo por escrito”, dijo Jorge Jaramillo lacónicamente. Katia González, la funcionaria encargada de formación, asumió la tarea de leer el oficio que nos tenían preparado. Estaba fechado el 25 de junio. Flotando como cadáveres, en medio de ocho consideraciones y 22 sugerencias, se imponían dos órdenes directas. Primera: teníamos que quitarle la primera hoja a todas las revistas e introducirles una fe de erratas; esto, porque había “omisiones” e “inexactitudes” en ella (ver “Detalles de la controversia”). Segunda: de aquí en adelante seríamos obligados a presentar el machote impreso de la revista para que fuera sometido a la revisión y aprobación del gerente de artes plásticas y visuales; sólo hasta que él estampara su firma podríamos publicar. Para resolver el problemita de los ejemplares que habían sido distribuidos antes de la orden, nos propusieron una fórmula simple y práctica: recogerlos. Tal cual. Simplemente recogerlos, arrancarles la primera hoja, meter la fe de erratas y devolvérselos a sus dueños. Todo fue dicho y escrito en unos términos tan técnicos, tan oficiales, tan gerenciales, que a primera vista parecía ser un procedimiento aséptico, dictado por el más puro espíritu de perfeccionismo.

Lo único que no parecía encajar del todo en la aparente higiene ideológica del oficio, era el último párrafo. En éste, Jorge Jaramillo decía: “De otra parte quiero manifestar que considero irrespetuosa, ofensiva y poco profesional la manera en que he sido presentado en la revista y el manejo que se le dio a las respuestas dadas por los entrevistados.”

Quedamos desconcertados inicialmente. “¿Cómo pueden someternos a la aprobación del contenido de la revista antes de publicar?”, dijo Alfredo, el poeta y administrador público del grupo. “¿Qué sentido tiene que nos pidan una fe de erratas, si al mismo tiempo tenemos que arrancar la hoja?”, dijo Farley, el artista plástico del grupo. “¿Por qué cambian las reglas del juego a mitad del proceso?”, preguntó Carolina, la abogada en formación del equipo. “Quieren arrodillarlos. Se están desquitando por el artículo de los chanchullos”, dijo un abogado que conoció el caso de pasada. Mientras tanto, Edith repetía: “¿Y con qué cara vamos a ir a reclamarle a la gente que nos devuelva las revistas para arrancarles una hoja?… A mí eso me parece humillante…”

Fueron días y días de leer y releer. De analizar. De consultar leyes y jurisprudencias. De profundizar en detalles, adelantar hipótesis y proyectar escenarios.

Al final, nos instalamos en una conjetura que nos pareció suficientemente consistente: las medidas tomadas no eran más que un acto de hostigamiento y nuestra revista, claramente, estaba siendo objeto de censura. El artículo que interrogaba por la transparencia de la gestión de Jorge Jaramillo les había caído como una patada en el hígado; nunca imaginaron que una publicación nacida de la entraña de una de sus convocatorias se atrevería a presentarle a los lectores situaciones que ameritan respuestas por parte de la Fundación. Querían mostrarnos “quién manda” en esta joda. Sentimos que querían intimidarnos, asegurar el control sobre nuestras ideas y ponernos al borde de un pequeño escarnio público. Si los lectores veían hojas arrancadas, fes de erratas y todo eso, inmediatamente quedaría en entredicho la seriedad y calidad de la revista. Y, por supuesto, también la pulcritud de su contenido.

Después de varias tardes azarosas, definimos por fin una acción a seguir. Era algo audaz y poco usual, pero valía la pena intentarlo. Fue así como elaboramos un concienzudo derecho de petición solicitando la revocatoria de todas las medidas que pensaban aplicarnos. En realidad, lo que buscábamos era llevar a la FGAA a un terreno que siempre es fértil, cuando hay buena voluntad: la conciliación. Por eso elaboramos el documento limitando al máximo el uso de adjetivos y conjugando todos los verbos en condicional. Evitamos hacer aseveraciones categóricas. Todo lo planteamos en el terreno de lo posible, nunca de lo evidente. Sustentamos nuestros planteamientos en normas específicas; las citamos todas, las administrativas, las constitucionales, las del decoro. Queríamos que la FGAA ponderara los hechos desde el punto de vista legal y reconsiderara su posición, restituyendo nuestros derechos y dejándonos en paz. Entregamos el documento el 9 de julio y cruzamos los dedos para que la táctica diera resultados.

Como no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, el 9 de agosto, después de una prórroga de cinco días hábiles en la fecha límite, por fin comenzaron a llegar laS respuestaS. Así: en plural. En total nos llegaron siete respuestas, seis por e-mail entre el 9 y el 11 de agosto y una por correo físico, también el 11. Por pura curiosidad comparamos alguno de los archivos que llegaron por vía electrónica con el que llegó en físico y, vaya pues, no coincidían del todo: la redacción de algunas frases era diferente y habían suprimido párrafos.

Todas las misivas venían firmadas por Ana María Alzate, no por Jorge Jaramillo. En un Castellano estrecho, básicamente nos dijeron que desatendían nuestra petición central. Mantuvieron la prohibición de distribuir la revista y negaron que estuvieran incumpliendo alguna norma o vulnerando nuestros derechos fundamentales. No explicaron el por qué. Suponemos, por eso, que ellos manejan la rancia pedagogía de “esto es así porque yo lo digo”.

La respuesta de ocho páginas contenía también un rosario pintoresco de curiosidades. De un plumazo, la señora Ana María Alzate desconoce que alguna vez nos hayan solicitado revisión o aprobación del contenido de la revista. Así, sin más, como quien se quita una mota del abrigo. Como si no hubiera quedado impresa esa exigencia, en letra clara y folios membreteados, en el oficio que nos entregó Jorge Jaramillo el 25 de junio. “Siempre es que a uno lo creen pendejo”, decía riéndose un amigo nuestro. También acomodan el texto de algunas normas constitucionales e interpretan de manera exótica los conceptos de libertad de expresión, libertad de información y libertad de prensa.

La respuesta está escrita en el más estricto desorden. “Si no puedes convencerlos, confúndelos”, dijo una amiga con la que compartimos el mensaje.

En nuestra petición habíamos solicitado acceso a los documentos de revisión y aprobación de los proyectos ganadores en años pasados. Nos entregaron un cartapacio de e-mails intercambiados entre la Revista Asterisco  (proyecto ganador en 2008) y la FGAA. Lo que no nos mostraron fue algún machote impreso, revisado y con la firma de Jorge Jaramillo autorizándolos a publicar. Vimos claramente que los compañeros de “Asterisco” no incluyeron en su revista la mitad de las declaraciones y salvedades que nos exigen a nosotros, pero no encontramos ninguna fe de erratas por esas omisiones(1). Blanco es.

Total. Una vez recibimos las respuestas, dimos por válida la última de ellas, para efectos de no enloquecer. Ahora, nuevamente nos hemos sumergido en el análisis legal y conceptual de todo este caso. Con decisión, nos adentramos en un laberinto de leyes. Cuando accedimos en pleno al mundo de las sentencias de la Corte Constitucional pareció como si hubiésemos encontrado una piñata, a la que sacudimos y nos regaló una lluvia de dulces de colores. En el marco de los análisis de la Corte, de toda la jurisprudencia que de ella emana, el mundo vuelve a tener sentido; las libertades de pensamiento, conciencia, expresión, información y prensa ocupan el lugar que se merecen. Efectivamente, nadie, y menos una autoridad administrativa, puede prohibir la circulación de una publicación, a menos que medie una orden judicial (Sentencia T-213/04, entre otras. Googleenla y verán). Efectivamente, no sólo la Constitución sino todos los tratados internacionales que Colombia ha suscrito para la protección de los derechos fundamentales, prohíben tajantemente la imposición de controles previos a una publicación (Sentencia C-650/03, entre otras). Efectivamente, a muchos de estos actos los cataloga la ley como censura, en tanto la Revista MantaRaya no es un impreso de la FGAA, sino una publicación autónoma, editada por nosotros, que somos una unión temporal de carácter privado. Y mejor no adentrarnos en los otros siete derechos fundamentales que, en nuestro criterio y en concordancia con lo expresado por la Corte Constitucional, nos han sido vulnerados. Sería tedioso hacerlo.

Lo único que hemos lamentado es la ignorancia. En realidad, antes de esta situación, no conocíamos nuestros derechos a plenitud. Es evidente que tampoco los conocen una buena parte de nuestros colegas escritores, artistas, periodistas e incluso abogados. Nos han inculcado una forma impúber de ejercer nuestra ciudadanía. Todos esos Jorges, todas esas Ana Marías habitan y engordan en nuestro inconsciente, gritando en el silencio de nuestros miedos: “No tentarás al señor tu Dios”. Precisamente para paliar esa eterna inequidad del mundo, se hicieron los Estados de Derecho, en donde el poder no es un feudo administrado por los dioses de turno, sino el resultado de un pacto que hemos consagrado como sociedad y que se llama LEY.

Por eso, acudimos a los tribunales y serán ellos quienes determinen si la principal entidad de cultura del distrito, la encargada de promover las artes, las letras y el pensamiento en la ciudad más importante de nuestro país, ha violado libertades fundamentales. Será la justicia quien diga si se cometió o no un liberticidio en las mismas huestes de quienes han sido encomendados para fortalecer los cimientos de nuestra cultura. ¿Qué cultura de pacotilla puede ser la que no se asienta, primerísimamente, sobre los valores democráticos?  Los jueces decidirán y confiamos en que cumplan a cabalidad con su deber.

En primera instancia, el juez 20 penal municipal de Bogotá declaró improcedente nuestra acción de tutela por considerar que todo se reduce a un conflicto contractual y, por lo tanto, debe ser tramitado ante la justicia contencioso administrativa; un argumento similar esgrimió la FGGA en su alegato ante ese juzgado. En nuestra opinión, en cambio, este caso toca la médula de varios derechos fundamentales; por eso impugnamos el fallo del juez y ahora esperamos un nuevo fallo, en segunda instancia. Sea cual sea la decisión, también nos gustaría que la Corte Constitucional elija nuestra tutela para hacer una revisión final: visto está que los derechos de expresión, información y prensa aún no son comprendidos plenamente por gran parte de la sociedad.

Mientras tanto, tenemos a medio hacer los números dos y tres de la revista. Estamos angustiados y trabajando al máximo de nuestras capacidades para cumplir con la fecha límite que nos impone la convocatoria que ganamos. Rumores de buena fuente nos aseguran que somos comidilla en la FGAA y que no nos bajan de “desocupados” y “grandísimos”… En la óptica de muchos aparecemos como unos insignificantes aletosos que ya obtendrán su merecido. Eso esperamos precisamente, obtener lo que nos merecemos.

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Edith Sánchez
Adriana Carolina Martínez
Óscar Farley Sánchez
José Alfredo Sánchez

Comité Editorial de Revista MantaRaya (2)

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Especial para Esfera Pública

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(1) La declaración “Revista editada por la Unión Temporal o el Consorcio” tal, no aparece en la Revista Asterisco. Tampoco la salvedad: “Los contenidos y opiniones expresadas en la publicación son responsabilidad de los editores y/o autores”. A la Revista MantaRaya se le exige elaborar fe de erratas por omitir esas aseveraciones. De igual manera, el manual de imagen de la Alcaldía establece que el tamaño de los logotipos debe ser de un 7% con respecto al tamaño de la página; la revista Asterisco no cumple con esa indicación, sin embargo, no le pidieron rectificaciones, fe de erratas, o algo similar, por esa razón.

(2) La Revista MantaRaya es el proyecto ganador de la Convocatoria “Publicación periódica sobre Artes Plásticas y Visuales, 2009”, de la FGAA.